Para que la ley pueda activarse, es necesario que el Congreso modifique la ley de Pago Soberano y la ley Cerrojo. Planean que se resuelva en sesiones extraordinarias.
El Gobierno planea enviar al Congreso un proyecto para hacer cambios en las leyes Cerrojo y de Pago Soberano para intentar acordar con los holdouts una vez que venza la vigencia de la cláusula RUFO, a fin de año.
La idea del oficialismo es avanzar con la iniciativa durante el período extraordinario y que, por ese motivo, autoridades parlamentarias ya fueron avisadas para que se aseguren de contar con la presencia de los legisladores que garanticen el tratamiento del proyecto.
La urgencia por concretar un acuerdo con los holdouts y despejar el escenario económico llevarían al Gobierno a acelerar los plazos. “Puede ser hasta en enero”, dijo un funcionario.
El problema con el que se encuentra Kicillof es que las leyes Cerrojo y de Pago Soberano refrendan la cláusula RUFO e impiden al Gobierno ofrecer mejores condiciones que a los bonistas que ingresaron en la reestructuración de la de deuda en 2005 y 2010.
La decisión del Gobierno de acordar con los buitre ya había sido puesta en evidencia días atrás por el periodista Marcelo Bonelli, quien publicó en en el diario Clarín que el flamante titular del Banco Central Alejandro Vanoli confesó frente a bancos de inversión del exterior que la Casa Rosada va a cumplir con el fallo de Griesa pero que “se buscará una solución elegante” para no contradecir al relato K.
Uno de los caminos indagados por el Gobierno, es solucionar la cuestión a través de empresarios cercanos (Eduardo Eurnekian volvería a estar al frente de la misión), una maniobra que ya fracasó en julio pasado, antes de que se caiga en default. Y que concluyó también con una fuerte arremetida del ministro Axel Kicillof al titular del Banco Macro Jorge Brito, a quien tildó de “banquero oportunista” porque “quería pagarle a los buitres con los depósitos de la gente”.