En un país que en su historial prevalece la inestabilidad económica, la concreción de promesas elaboradas en una campaña electoral se relaciona, en muchas ocasiones, no solamente con las políticas aplicadas para tal fin sino, también, con la administración de fondos, uno de los históricos puntos flacos de la Argentina.
Tener mayores gastos con menores ingresos, ecuación repetida por estas tierras, es solo sostenible por un tiempo determinado y gracias a que el prestamista de turno, léase quien contribuye con fondos, insumos o fuerza de trabajo pueda proyectar una recuperación de su aporte en un lapso estipulado, cuya extensión será mayor o menor de acuerdo a sus necesidades.
El problema es que la Argentina parece ya fuera de la posibilidad de financiarse con el primero de los casos, porque inundó de títulos el mercado en el último lustro y, al menos por este año, cerró la puerta a una nueva asistencia de organismos financieros cuando postergó los vencimientos en curso, si bien aún le prende una vela a la llegada de los Derechos Especiales de Giro que proyecta ampliar el FMI.
Y también porque los inversores extranjeros hoy la consideran una plaza tan riesgosa como Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bosnia, Malta, Zimbabwe, Líbano y Palestina, de manera tal que, fronteras afuera, solo aparece dispuesto a comprar un bono local quien obtiene tasas altísimas en dólares o, peor aún, aquél interesado en un incumplimiento que le habilite un litigio futuro.
Además, el país muestra complicaciones con el segundo de los posibles prestamistas mencionados, porque la necesidad de generar un superávit comercial y abastecer de dólares a las reservas del Banco Central lleva a mantener acotadas las importaciones necesarias para la producción, a tal punto que hoy se encuentran en el mismo nivel que registraban hace más de una década.
LA PUJA DISTRIBUTIVA EN MEDIO DE LA CRISIS
Y, finalmente, afronta una resistencia creciente en los trabajadores que observan como aquella promesa presidencial de recuperación de poder adquisitivo se diluye con la espiral inflacionaria. De hecho, lejos de esa realidad, el salario se enfrenta hoy a una pérdida de casi 10 puntos frente a la suba del Indice de Precios al Consumidor, que hasta abril trepó 46,3% en doce meses, mientras que el registro de los sueldos marcó solo 36,7%, según reveló el Indec.
De manera tal que tanto asalariados como jubilados, que tuvieron un alza de apenas 29,4% en el mismo período, aportaron hasta ahora el financiamiento buscado.
Pero como era de esperarse, esa situación generó una reacción de los gremios que derivó en una veloz reapertura de paritarias destinada a elevar la pauta de aumento salarial por arriba del 40%, un reclamo avalado por el Gobierno que necesita de la paz social para atravesar los próximos meses de pandemia, recesión y calendario electoral.
Así, mientras la administración nacional dispone bonos para jubilados y tenedores de planes sociales, se apresta a reabrir la discusión por el salario mínimo y autoriza incrementos a estatales alineados con el pedido gremial, también traslada al sector privado parte del costo de cumplir con la promesa de campaña.
Sin embargo, la pandemia y la caída de la actividad no dejaron a todos con las mismas armas para afrontarlo. Así como hay grandes empresas capaces de acordar una recomposición salarial más alineada con la suba de precios, como por ejemplo las de alimentación y los bancos, será difícil para las pymes y los sectores más comprometidos por las restricciones oficiales sostener esa lógica demanda salarial y seguir en pie, como quedó demostrado a lo largo de los últimos 15 meses.
Mientras la inflación corra más rápido que los ingresos, la carrera seguirá perdiendo participantes por el camino.
