Después de meses de protestas y una marcha federal masiva, las universidades nacionales lograron obtener un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento, la misma actualización que la Universidad de Buenos Aires (UBA) había conseguido hace dos semanas, lo que llevó a la suspensión de la emergencia presupuestaria.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recibieron hoy en el Palacio Sarmiento a Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente actual del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que reúne a las autoridades de las universidades estatales del país, y a Oscar Alpa, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
“El resultado fue muy positivo y está garantizado el segundo cuatrimestre”, informaron desde la secretaría. Además, confirmaron que “hubo un entendimiento sobre el cronograma de actualización de los presupuestos 2023 y 2024, como así también para crear una comisión entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el comité ejecutivo del CIN para confeccionar el presupuesto 2025 de todo el sistema universitario”.
“Las propuestas trasladadas el día de hoy por el gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país, agenda que diera origen a la extraordinaria manifestación del pasado 23 de abril”, comunicaron oficialmente desde el CIN.
“La reunión fue la más positiva del año porque ahora a los buenos tratos se le sumó poder de decisión que yo antes no vi que tuvieran. Es la primera reunión con planillas y resoluciones”, dijo Moriñigo en diálogo con LA NACION.
Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, publicó en sus redes sociales: “Seguiremos trabajando para resolver temas pendientes, pero hoy se ha dado un paso importante que aporta previsibilidad y un escenario distinto”.
Además de la actualización de los gastos de funcionamiento, hubo acuerdo en otro de los cinco puntos que reclamaban los rectores: la promesa de avanzar en la infraestructura universitaria.
Según un comunicado emitido por la dependencia dirigida por Torrendell, se decidió priorizar las obras que están cerca de su finalización, haciendo especial hincapié en la puesta a punto de las aulas. Según precisó Moriñigo, algunas de estas obras podrían reactivarse antes de que termine el año.
Sin embargo, los otros tres puntos -aumento salarial para docentes y no docentes, continuidad de los programas estudiantiles y de becas, y financiamiento del sistema científico- quedaron en la lista de temas “aún pendientes de resolución”, para los cuales se acordó establecer mesas de trabajo.
Respecto al reclamo salarial, mañana se reanudarán las negociaciones con los gremios universitarios y los rectores se comprometieron a “monitorear la situación”. La semana pasada, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut, Uda y Fatun, rechazó nuevamente la propuesta del Gobierno, considerándola insuficiente, y ratificaron un paro docente para el jueves pasado.
La propuesta del Gobierno era del 9% para mayo, habiendo ofrecido anteriormente un 8% para abril, un 12% para marzo y un 16% para febrero, seis puntos por encima de lo acordado en esa época.
Por otro lado, según detalló Moriñigo, se comprometieron a adjudicar y pagar las becas Belgrano, así como a destinar los fondos conocidos como “bajo la línea”, que incluyen las “resoluciones pendientes de pago” de 2023 y los “fondos de ejecución de 2024 para programas con financiamiento específico”.
“Acordaron reactivar los programas de doctorado y culminar el proceso de recategorización de los docentes e investigadores, del Programa para la Investigación Universitaria Argentina (Prinuar)”, detalló la información difundida por el Gobierno.
Por su parte, en línea con lo anticipado en la convocatoria realizada por Capital Humano, en la reunión de hoy también se “analizaron las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”.
Asimismo, se avanzó en la idea de establecer “mecanismos internos en cada universidad” para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, en lo que respecta a la diversidad de ideas y líneas de investigación, con el objetivo de combatir la persecución ideológica y la discriminación por motivos políticos, especialmente contra el antisemitismo. Además, el CIN aceptó la invitación para colaborar en la implementación del Plan Nacional de Alfabetización promovido por la Secretaría de Educación.
Tras la masiva convocatoria del 23 de abril pasado, los rectores ya se habían reunido con el Gobierno el 30 de abril, avanzando en el diálogo, aunque sin recibir una propuesta concreta por parte de las autoridades. Finalmente, la propuesta llegó justo antes de una sesión especial convocada por el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados para debatir sobre el financiamiento universitario, y después de que el Gobierno acordara únicamente con la UBA –liderada por su vicerrector y dirigente radical Emiliano Yacobitti– la actualización de sus gastos de funcionamiento, así como un 300% de incremento para los hospitales universitarios y funciones relacionadas con el área asistencial. Esto generó que las otras 60 casas de estudios denunciaran discriminación y reclamaran el mismo aumento.
El jueves pasado, los principales bloques de la oposición avanzaron en la elaboración de cuatro dictámenes que buscan que las partidas se ajusten según la inflación, además de reconocer la falta de actualización de estas partidas en 2023.
