A pesar de las grandes maniobras impulsadas por la tabacalera Philip Morris en Argentina para instalar un monopolio de tabaco calentado, Milei decidió retirar de la nueva Ley Bases el capítulo vinculado al tabaco.
El gobierno de Javier Milei ha remitido al Congreso el documento final de la nueva versión de la Ley Bases, la cual contempla la posibilidad de declarar emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el período de un año, sin posibilidad de prórroga.
Aunque el ambiente en el Congreso sugiere un clima más favorable para la aprobación del proyecto que la última, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto con los diputados de la UCR-Coalición Cívica Martín Tetaz y Juan Manuel López, han expresado su rechazo al nuevo borrador, dado que no aborda reformas en el sector tabacalero.
En este sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el presidente Javier Milei rechazó entrar en la discusión de las tabacaleras que hacen constantemente lobby para obtener beneficios del Gobierno, y aseguró que no habrá ninguna reforma para el sector en la Ley Bases.
“No vamos a quedar presos de peleas entre lobbys, internacionales o locales, que entorpezcan el tratamiento de la ley que necesitamos todos los argentinos. Después vamos a evaluar qué es lo mejor para el país, no para Massalin, para Sarandí, para sus voceros” señalo el portavoz en una entrevista de radio.
El principal argumento sostenido por aquellos que pretenden agregar modificaciones urgentes en el mercado de los cigarrillos es que el Estado Nacional no está percibiendo los impuestos correspondientes, en virtud de un sistema de cautelas que exime a las tabacaleras nacionales de sus obligaciones tributarias.
Por un lado, algunos gobernadores quieren subir los impuestos a los cigarrilos y reformar otros para aumentar la recaudación en el sector, mientras que por otro las tabacaleras piden otras medidas para bajar los impuestos o que éstos solamente afecten a algunas empresas y no a otras.
En medio de la controversia por la disputa del mercado tabacalero argentino, la corporación Philip Morris International a traves de su filial en Argentina, Massalin Particulares S.R.L, empleó distintas estrategias en el ámbito legislativo en 2017 con el objetivo de promover la implementación de un Impuesto Interno Mínimo.
La estrategia era sencilla en su apariencia, pero devastadora en su impacto: establecer un tributo mínimo combinado con una reducción general en la alícuota del impuesto interno (del 75% al 70%). Esto implicaba que las tabacaleras solo pagarían un único impuesto entre dos opciones posibles: el 70% o el llamado “impuesto mínimo”, aquel que resultara de mayor valor.
Una vez que la ley 27.430 fuera aprobada en el Congreso durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, las pymes locales se vieron obligadas a pagar por un impuesto que resultaba completamente confiscatorio, ya que superaba el valor de venta de sus productos.
Veamos un ejemplo en concreto: para el primer trimestre del año 2022, la “tasa mínima” era de $151,68 por cada atado. En aquel entonces el precio de comercialización de la marca más ecónomica era de $46, mientras que la más costosa alcanzaba los $250.
La primera empresa entre sus dos opciones: $32.2 (70%) o $151.68, era obligada a pagar el “impuesto mínimo”; es decir, estaba forzada a desenbolsar más de 3 veces el valor de su producto en impuestos. Mientras que la otra empresa, entre $175 (70%) y $151.68; tributaba el porcentual.
En otras palabras, las pymes pagaban más impuestos que las grandes tabacaleras, e incluso llegaban a pagar más en impuestos que en costos del atado de cigarrilos. Este esquema evidencia que el “impuesto mínimo” afectaba exclusivamente a las marcas nacionales, mientras que las grandes tabacaleras multinacionales no solo se libraban del gravamen impuesto en el Congreso, sino que pagaban un 5% menos de impuestos que antes.
En este escenario las tabacaleras locales con el objetivo de no desaparecer, empezaron a buscar exenciones a través del sistema judicial; encabezando así una lucha contra las distorsiones introducidas en la reforma tributaria.
Sin embargo, contrario a lo afirmado por los voceros de Philip Morris-Massalin, las tabacaleras nacionales sí cumplen con sus obligaciones fiscales, tributando el 70% del valor de sus productos. Lo que no están dispuestas a pagar es un impuesto confiscatorio que las grandes multinacionales exigen injustamente y pretenden imponer.
¿A qué se debe el ansiado interés de incluir al tabaco como una emergencia pública?
Lejos de otorgar una solución a este conflicto, los radicales y los peronistas del interior insisten con incluir en la Ley Bases un capítulo para incrementar la alicuota impositiva del 70 al 73%, una iniciativa del diputado del bloque radical, Martín Tetaz.
Sin embargo, en plena campaña electoral del 2021, el economista mediático se había comprometido públicamente a “no aumentar ni crear nuevos impuestos” en conjunto con la coalición de Juntos por el Cambio.
Con esta medida, Tetaz no solo empeoraría esta situación con las pymes, sino que busca beneficiar a las grandes multinacionales que buscan comercializar cigarrillos electrónicos, vapeadores y tabaco calentado, actualmente prohibidos en territorio argentinos, aplicándoles una tasa del 20%, tan solo un tercio en relación al impuesto interno del cigarrillo tradicional.
Esta reforma beneficiaría ineludiblemente a la empresa Massalin Particulares, puesto que el tabaco calentado es la gran apuesta a nivel global por Philip Morris International. Se trataría de la única empresa en el mercado argentino que tendría con exclusividad la distribución y suministro del dispositivo IQOS, diseñado para calentar el tabaco en lugar de quemarlo. De este modo, se consagraría una posición de dominio absoluto para la empresa en el mercado local, exclusivamente por una ley y no por cuestiones del mercado.
Es esencial destacar que detrás de la fachada de preocupación por la equidad en el mercado y el supuesto no pago de impuestos, se esconde un claro interés por expandir privilegios que distorsionan la competencia y perjudican la salud pública, y sin dudas un poder de lobby de Philip Morris que extiende sus manos y llega hasta los diputados de la Nación.
El gobierno de Milei, firme en su postura de defender los intereses de todos los argentinos, ha rechazado enérgicamente estos intentos de influencia indebida en la legislación. La eliminación del capítulo tabacalero es un claro mensaje de que el gobierno no cederá ante los intereses particulares de las grandes corporaciones, sino que buscará promover políticas que garanticen sus objetivos propuestos en campaña.