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miércoles 18 junio 2025

Piden anular la prisión domiciliaria de “La Chancha” Ale

NacionalesPiden anular la prisión domiciliaria de "La Chancha" Ale

El fiscal presentó un recurso para que el acusado permanezca detenido en alguna cárcel del Servicio Penitenciario Federal.

 

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, presentó un recurso de casación contra la sentencia dictada por ese tribunal de alzada el 23 de diciembre último, concediéndole el arresto domiciliario, por razones de salud, a Rubén “La Chancha” Ale.

El ex presidente del Club San Martín de Tucumán está imputado en una causa por lavado de activos procedente de actividades ilícitas, entre las que se encuentran el narcotráfico y la trata de personas, y fue señalado como uno de los responsables del secuestro y desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón.

Por decisión del juez federal número 2 de Tucumán, Fernando Poviña, Ale había sido trasladado al penal de Ezeiza el 7 de noviembre de 2014, donde permaneció detenido en una de las habitaciones del hospital que allí funciona hasta el 30 de diciembre, cuando fue trasladado de regreso a esta provincia.

El recurso presentado por el fiscal Gómez, con asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) apunta a que la Cámara Federal de Casación Penal ordene que Ale permanezca detenido en alguna cárcel del Servicio Penitenciario Federal que esté habilitado para prestar asistencia hospitalaria.

En este sentido, se sugiere como alternativa la cárcel de Colonia Pinto, en Santiago del Estero, por tratarse, según Gómez, “de un penal moderno donde el imputado puede hacer sin inconvenientes la actividad física que los médicos le aconsejan” o, en subsidio, en el Hospital Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Según el fiscal, de no ser revocada la sentencia que le permite a Ale estar detenido en su propio domicilio, “habilitaría la posibilidad de volver a su accionar delictivo, a la amenaza de testigos y funcionarios y al entorpecimiento del accionar judicial”.

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