Su nombre oficial es Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y tiene entre sus artículos importantes prohibiciones relacionadas a la manifestación pública.
Este primero de julio, a partir de las 00:00 horas españolas, entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual pese al rechazo de la oposición y organismos internacionales, fue aprobada en marzo de este año gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.
Su creador, Mariano Rajoy, miembro del partido oficialista, impulsó esta iniciativa con el objetivo de frenar las protestas en contra de los sucesivos ajustes neoliberales que viene realizando el gobierno. En otras palabras, después de las repercusiones que ocasionó la dura crisis económica, allá por el año 2013.
Entre las medidas que comprende el estatuto se encuentra prohibid: tuitear sobre una protesta, fotografiar a un policía, perder tres veces el DNI en un año o protestar en la calle. Las faltas serán calificadas en muy graves, graves o leves, y al mismo tiempo, sancionadas con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros.
También se sancionó un nuevo Código Penal, el cual hace un foco relevante en los delitos web. Las penas para quienes manejan webs de enlace será hasta de cuatro años.También se criminalizó el portal Revenge Porn y se castigará con hasta un año de cárcel la «distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas» que «inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo».
Asimismo, se amplió la definición de «enaltecimiento de terrorismo», el cual se penará hasta con tres años de cárcel a quien «participe» en el enaltecimiento o la justificación de delitos terroristas o realice «actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».
La Ley de Seguridad Ciudadana vulnera el artículo 10 de la Constitución española que reconoce el derecho a la dignidad de la persona; el 15 sobre derecho a la integridad física y moral; el 18 sobre la intimidad de las personas; el 21 sobre derecho de manifestación; el 20 y 21 sobre libertad de información; el 9.3 sobre “principio de legalidad” y “seguridad jurídica”; el 106 de control judicial de la actuación administrativa y el 24.1 de tutela judicial efectiva.
¿Qué es lo que concretamente no se puede hacer?
1) “Alterar gravemente la paz pública”: Dentro de esta categoría se incluyen las manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, la celebración de espectáculos públicos por razones de seguridad pública. Tampoco se puede perturbar la seguridad en eventos masivos tales como religiosos, deportivos o políticos, en actos realizados frente al Congreso o el Senado y realizar barricadas por motivo alguno en las calles.
2) Para las fuerzas de seguridad: Las cosas para este sector estarán mucho más fáciles. Será punible faltar el respeto a un miembro de las fuerzas, al igual que tomarle una fotografía o vídeo. Sólo los periodistas podrán hacer esto último en el único caso que el fin sea informativo. Es decir, que no podrá ser filmado un policía que se excede en sus funciones ni siquiera como modo de prueba. Se tendrán en cuenta el peso de autoridad a la hora de las declaraciones judiciales, por lo tanto la palabra de un agente de seguridad vale más que la de un civil.
3) Proyección de luces láser: Será considerada una falta muy grave (sanciones de 30.001 a 600.000 euros) la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte. Los punteros láser pueden hacerles perder la concentración, despistarles y provocar accidentes.
4) Placeres prohibidos: Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial. Tampoco se permite el consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello. Asimismo, será delito plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público y el consumo de alcohol en lugares públicos.
5) Perder el DNI tres (o más) veces en un año: Ser negligente en la “custodia y conservación” del documento nacional de identidad. «La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año», será considerada falta leve (multas de entre 100 y 600 euros). Aunque también podrán hacer multas si una persona no tiene el DNI al pedírselo.
6) En cuanto a lo material: Es delito ahora en España parar un desalojo, ocupar inmuebles o abandonar muebles en las calles u obstaculizar la vía pública.
7) Delitos web: Los españoles no podrán hacer referencia en una red social a una huelga. Tampoco se puede consultar contenido que se considere delictivo, además los autores de las plataformas en las que estos contenidos se alojen podrán ser penados. Quienes suban a la red películas o videojuegos piratas recibirán castigos. Por las medidas tomadas la famosa página Subtítulos.es dejó de funcionar.
8) Otros tipos de huelgas: Tales como la resistencia pacífica y las sentadas y el escalamiento de edificios con propósitos de huelga o escraches. Greenpeace es el principal perseguido, pues se caracterizan por este tipo de expresiones.
9) “Devoluciones en caliente” de inmigrantes: Con la Ley de Extranjería modificada no se tendrán en cuenta los principios de asilo o refugio político. No importará el estado en que los llamados inmigrantes ilegales llegan al país o las razones por las que llega al territorio, ni siquiera si es que escapan de una guerra o persecución.
¿Qué dijo la oposición?
Grupos opositores y movimientos sociales han bautizado a esta nueva normativa con el nombre de “Ley Mordaza”, ya que en cierta medida limita la libertad de expresión y manifestación popular. En las declaraciones pertinentes, diputados españoles como Ricardo Sixto o Joan Tardá remarcaron que las medidas desplegadas retrotraen a España a la “época del franquismo”.
Incluso organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Greenpeace se han manifestado en contra.
En el caso de la ONU, cinco relatores miembros de Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos en Derechos Humanos que la institución posee, han realizado una importante advertencia.
David Kaye, relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, enunció que «dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España».
Además, hicieron hincapié en el derecho a huelga, explicando que «los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática».
Sobre los límites a la inmigración, establecieron que deportar a personas a su lugar de procedencia podría ocasionar peligros de torturas e incluso muerte, pues muchos de ellos huyen de feroces guerras civiles y persecuciones. Todo lo instituido en la Ley de Extranjería se contrapone con las disposiciones del derecho internacional, el cual defiende el asilo, refugio y protección internacional.
Fieles a su estilo, activistas de Greenpeace protestaron en el Congreso de Diputados de Madrid en rechazo a la ley. Esta vez, tres escaladores de la organización desplegaron una bandera de 32 metros cuadrados con el lema “la protesta es un derecho”.
Conjuntamente, un león, símbolo del Congreso, fue amordazado con un pañuelo amarillo y trasladado para fines de protesta.
“Escraches picantes”
La revista satírica “Orgullo y Satisfacción” desafió al recién estrenado estatuto con una viñeta en la que se puede observar una escena de la vida conyugal de los reyes españoles. En este número de julio, habrá una ilustración en la que Felipe VI hace referencia a la “ley mordaza” en un contexto bastante alejado.
En la web, se hace referencia al secuestro de una portada de 2007 en la que los entonces príncipes practicaban sexo para intentar acogerse a la ayuda de 2500 euros por hijo que había aprobado el Gobierno.
Ciudadanos
La población española se ha manifestado abiertamente en contra de lo propuesto por el gobierno. El 30 de junio, “antes que la mordaza sea colocada”, se llevó a cabo en Madrid y en otras ciudades manifestaciones pacíficas, aunque también se destacaron las quejas y palabras de los ciudadanos en las diferentes redes sociales.
