El gobernador expresó su dolor por el crimen de la adolescente y prometió acompañar a la familia hasta el final de la investigación. Pero el caso dejó una pregunta que golpea de lleno a la Justicia provincial: por qué Claudio Barrelier estaba libre pese a una causa anterior por privación ilegítima de la libertad.
El gobernador Martín Llaryora se refirió este martes al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y aseguró que la Provincia continuará acompañando la investigación “hasta que se haga justicia”. Lo hizo durante un acto oficial por el Día del Bombero Voluntario, donde pidió un minuto de silencio en memoria de la joven y expresó su acompañamiento a la familia.
“Vamos a seguir hasta que se haga justicia”, afirmó el mandatario provincial, en una declaración que buscó transmitir respaldo institucional frente a uno de los crímenes que más conmoción generó en Córdoba en los últimos años.
Llaryora señaló que el Gobierno provincial puso a disposición todos los recursos del Estado para colaborar con la investigación y remarcó que el objetivo es que el caso avance hasta las últimas consecuencias. Su mensaje llegó en medio de una creciente presión social, movilizaciones y reclamos de justicia por Agostina, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra tras una semana de búsqueda.
Sin embargo, el dolor por el crimen también abrió un frente incómodo para las autoridades provinciales: la actuación previa de la Justicia de Córdoba. Claudio Gabriel Barrelier, único detenido e imputado por el femicidio, ya tenía antecedentes judiciales por un caso anterior de privación ilegítima de la libertad. Esa causa, ocurrida en 2025, vuelve hoy al centro de la escena y alimenta la bronca social.
Según reconstruyeron distintos medios a partir de testimonios del barrio, una joven había denunciado el año pasado que logró escapar de la vivienda de Barrelier en Cofico en estado de desesperación. Testigos señalaron que la mujer salió semidesnuda y pidió ayuda en comercios cercanos. El episodio derivó en una causa penal por privación ilegítima de la libertad y el acusado llegó a estar detenido, pero luego recuperó la libertad.
Ese antecedente convirtió al caso Agostina en algo más que una investigación penal contra un presunto femicida. También lo transformó en un examen institucional para la Justicia provincial. La pregunta que se repite en marchas, redes sociales y conversaciones públicas es directa: ¿por qué Barrelier estaba libre si ya había sido señalado en una denuncia tan grave?
La causa actual ubica a Barrelier como la última persona que habría estado con Agostina antes de su desaparición. La investigación reconstruyó que la adolescente salió de su casa en barrio General Mosconi, fue trasladada en remís hasta Cofico y que el viaje habría sido pagado por el propio acusado. Cba24n informó que el testimonio del remisero fue clave para orientar la investigación hacia Barrelier y su vivienda.
Con el avance de las pericias y el hallazgo del cuerpo, la imputación contra Barrelier se agravó formalmente a femicidio. La Justicia ahora intenta reconstruir las últimas horas de Agostina, determinar si hubo otras personas involucradas y precisar qué ocurrió dentro y fuera de la casa de Cofico. Pero, en paralelo, crece el reclamo para que también se revise qué pasó antes: qué medidas se tomaron tras la denuncia de 2025, quién evaluó el riesgo y bajo qué argumentos se permitió que el acusado recuperara la libertad.
La inquietud no es menor. En casos de violencia, amenazas o privación ilegítima de la libertad, cada decisión judicial puede tener consecuencias concretas. La liberación de una persona investigada por un hecho grave no puede analizarse solo como un trámite procesal. Debe ser revisada a la luz del riesgo, de la protección de víctimas y de la posibilidad de reiteración de conductas violentas.
Por eso, las palabras de Llaryora llegan en un contexto particularmente sensible. El gobernador promete justicia, pero una parte de la sociedad cordobesa ya no solo reclama una condena para Barrelier. También exige respuestas sobre el funcionamiento del sistema judicial que lo tuvo bajo la lupa antes del crimen de Agostina.
En las últimas horas, la Fiscalía General resolvió que el fiscal Raúl Garzón concentre tanto la causa por femicidio como el expediente anterior por privación de la libertad contra Barrelier. La decisión apunta a unificar criterios y evitar la dispersión de investigaciones, aunque también confirma que el antecedente previo del acusado dejó de ser un dato periférico y pasó a ser una pieza central del caso.
La familia de Agostina también pidió que la investigación no se cierre solo sobre el único detenido. Según trascendió tras una reunión con autoridades provinciales, los familiares reclamaron que se avance sobre eventuales cómplices o personas que hayan podido colaborar antes, durante o después del crimen.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ya había señalado que el caso debe convertirse en un punto de inflexión. Esa definición resume el clima social que rodea al expediente: Córdoba no solo espera una condena, sino una explicación. Porque si hubo señales previas y no fueron suficientes para activar mayores controles, entonces el problema excede a un imputado y alcanza a las estructuras encargadas de prevenir.
El femicidio de Agostina dejó al descubierto una herida profunda. La adolescente necesitaba que el Estado funcionara antes, no después. Necesitaba que las alertas previas fueran tomadas con la máxima gravedad. Necesitaba que una denuncia anterior de privación ilegítima de la libertad no quedara reducida a un antecedente más en un expediente.
Llaryora prometió llegar hasta el final para que haya justicia. Esa promesa, ahora, tendrá que incluir dos dimensiones: justicia por Agostina y respuestas institucionales sobre por qué Barrelier estaba libre. Sin esa explicación, el reclamo social seguirá apuntando no solo al acusado, sino también a una Justicia provincial que quedó inevitablemente bajo la lupa.
