Efectivos autoconvocados mantienen un acampe frente a la Gobernación en Río Gallegos, en medio de temperaturas extremas. Reclaman que el salario inicial llegue a $2,2 millones, mientras el gobierno de Claudio Vidal dio por cerrada la discusión tras otorgar una recomposición por resolución.
El conflicto salarial de la Policía de Santa Cruz se agravó y ya lleva más de 45 días de protestas, acampes y tensión política frente a la Casa de Gobierno provincial, en Río Gallegos. La medida se sostiene incluso bajo temperaturas extremas, que en algunos momentos llegaron a los 20 grados bajo cero, y se convirtió en uno de los mayores desafíos para la gestión del gobernador Claudio Vidal.
Dato clave
- El conflicto policial en Santa Cruz ya supera los 45 días.
- Los efectivos reclaman un salario inicial de $2,2 millones.
- El Gobierno provincial fijó por resolución un haber inicial de $1.746.634 desde julio.
Los efectivos autoconvocados reclaman una recomposición más alta y piden que el salario inicial de un agente llegue a $2,2 millones. El gobierno provincial, en cambio, sostiene que ya hizo el mayor esfuerzo posible y que la discusión salarial quedó concluida con un aumento otorgado por resolución administrativa. Según informó TN, la administración santacruceña fijó un haber de bolsillo de $1.746.634 a partir de julio para un agente ingresante, aunque los manifestantes consideran insuficiente ese monto frente al costo de vida en la Patagonia.
Qué reclaman los policías
El reclamo se concentra en el salario básico y en la pérdida de poder adquisitivo. Los policías sostienen que vivir y trabajar en Santa Cruz tiene costos muy superiores a los de otras regiones del país, especialmente por el clima, las distancias, los alquileres, los alimentos y la logística cotidiana.
La protesta se mantiene con acampes, presencia de familiares y fogones para resistir las bajas temperaturas. La imagen de policías reclamando durante más de un mes frente a la Gobernación se transformó en una postal incómoda para el gobierno provincial y encendió alarmas en otras jurisdicciones.
El Ejecutivo santacruceño asegura que presentó numerosas propuestas en el marco del Consejo del Salario de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, pero que todas fueron rechazadas por los representantes del sector. En un comunicado oficial, el Gobierno provincial señaló que el conflicto acumulaba más de 30 días y que se habían realizado 15 propuestas antes de resolver la recomposición por vía administrativa.
La respuesta del gobierno de Claudio Vidal
El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, defendió la decisión de cerrar la negociación y afirmó que la provincia no puede comprometer recursos que no está en condiciones de pagar. “No vamos a prometer lo que no podemos pagar”, sostuvo el funcionario, al ratificar que la recomposición salarial ya se encuentra vigente mediante la Resolución N° 342/26.
Según el Gobierno provincial, con la nueva escala un agente ingresante pasará de cobrar $1.182.351 a $1.746.634 en julio y luego llegará a $1.814.279, cifra que, de acuerdo con la administración santacruceña, supera la Canasta Básica Total del INDEC y ubica a la Policía provincial entre las mejores remuneradas del país para la categoría inicial.
Pero esa lectura oficial no logró desactivar la protesta. Los efectivos insisten en que la mejora no alcanza para cubrir el costo real de vida en la provincia y que el reclamo no se limita a un número salarial, sino también a condiciones laborales, reconocimiento profesional y previsibilidad.
Por qué el conflicto es sensible
Las protestas policiales tienen una particularidad política: involucran a una fuerza encargada de garantizar la seguridad pública. Por eso, cualquier conflicto prolongado dentro de una policía provincial genera una tensión institucional mayor que otros reclamos estatales.
El gobierno de Santa Cruz advirtió que no permitirá situaciones que puedan quebrantar la ley. Prodromos incluso sostuvo que, si se verifican acciones destinadas a forzar institucionalmente al Ejecutivo, podrían ser denunciadas ante la Justicia bajo figuras graves como sedición.
Esa advertencia elevó el tono del conflicto. De un lado, el Gobierno busca marcar autoridad y evitar que el reclamo derive en un desafío institucional. Del otro, los policías autoconvocados sostienen que el acampe es una forma de visibilizar una situación salarial que consideran insostenible.
El antecedente que miran otras provincias
El caso Santa Cruz es observado con atención por otros gobiernos provinciales. En los últimos años, los reclamos de fuerzas de seguridad se convirtieron en focos de alto impacto político cuando combinan salarios atrasados, desgaste interno, falta de representación gremial formal y tensión social.
Para Córdoba, aunque la realidad salarial y política sea distinta, el conflicto deja una señal de alerta. Las provincias dependen de sus policías para sostener seguridad cotidiana, prevención del delito, patrullaje, controles y presencia territorial. Cuando una fuerza entra en conflicto prolongado, el problema deja de ser solamente laboral y se transforma en un asunto de gobernabilidad.
También expone una discusión nacional más amplia: cómo se financian los salarios públicos provinciales en un contexto de ajuste, caída de transferencias nacionales, aumento de costos operativos y presión social sobre seguridad.
La Patagonia y el costo de vida
Uno de los puntos centrales del reclamo es el costo de vida patagónico. Santa Cruz tiene distancias extensas, clima extremo, ciudades alejadas entre sí y precios que suelen ubicarse por encima de la media nacional. En invierno, además, el gasto energético, la movilidad y la logística cotidiana agravan la situación de muchas familias.
Por eso, los manifestantes sostienen que comparar los salarios policiales únicamente con la Canasta Básica Total nacional no alcanza para reflejar la realidad provincial. Para ellos, un sueldo que puede parecer alto en términos nominales no necesariamente cubre los gastos reales de vivir en Río Gallegos, Caleta Olivia, El Calafate o localidades del interior santacruceño.
Una pulseada sin salida clara
El gobierno de Vidal sostiene que el aumento ya fue otorgado y que no habrá nuevas mejoras inmediatas. Los policías autoconvocados, en cambio, mantienen el acampe y exigen reabrir la negociación. Según informó TN, pese a que la provincia afirma que el reclamo perdió adhesión, las protestas continúan y el pedido central sigue siendo llevar el salario inicial a $2,2 millones.
La continuidad del conflicto abre varios riesgos. Si el acampe se extiende, puede profundizar el desgaste político del Gobierno provincial. Si la protesta se radicaliza, puede derivar en denuncias judiciales o sanciones administrativas. Y si la provincia no logra recomponer la relación con la fuerza, el malestar puede trasladarse a la prestación del servicio de seguridad.
Qué puede pasar ahora
El desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para reconstruir una instancia de negociación. El Gobierno santacruceño necesita evitar que el conflicto escale institucionalmente. Los policías, por su parte, buscan sostener presión sin quedar expuestos a sanciones o acusaciones graves.
La crisis ya dejó una imagen fuerte: efectivos reclamando durante semanas frente a la Gobernación, bajo temperaturas extremas, mientras el Ejecutivo insiste en que no puede ofrecer más. Esa postal resume el dilema que atraviesan muchas provincias: salarios públicos tensionados, recursos limitados y demandas sociales que no se detienen.
Santa Cruz enfrenta hoy un conflicto policial de alta sensibilidad. Y aunque ocurre lejos de Córdoba, el caso importa porque muestra cómo una disputa salarial puede convertirse rápidamente en un problema de seguridad, gobernabilidad y confianza institucional.
