La Corte de Apelaciones de Estados Unidos rechazó el pedido del fondo litigante para revisar el fallo que había favorecido al Estado argentino. La decisión mantiene en pie la anulación de la condena por más de USD 16.000 millones, aunque el caso todavía podría llegar a la Corte Suprema estadounidense.
Argentina sumó una nueva señal favorable en el juicio internacional por la expropiación de YPF. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó el pedido presentado por Burford Capital para revisar el fallo del 27 de marzo, que había dejado sin efecto la condena millonaria contra el Estado argentino.
La decisión representa un nuevo revés para el fondo litigante y un alivio financiero para el Gobierno. Burford buscaba que el tribunal reconsiderara la sentencia que había anulado el pago de más de USD 16.000 millones a favor de los demandantes, una cifra que durante meses fue observada con preocupación por el mercado y por la administración nacional.
El caso se originó en la expropiación del 51% de YPF, realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los demandantes sostuvieron que Argentina violó el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición para comprar también las acciones de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía y Eton Park.
En 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, falló contra la Argentina y fijó una compensación superior a los USD 16.000 millones. Ese fallo abrió uno de los mayores riesgos judiciales externos para el país y derivó en una intensa batalla legal en tribunales estadounidenses.
Sin embargo, el 27 de marzo de 2026, la Corte de Apelaciones dio vuelta el expediente. En una decisión dividida, el tribunal concluyó que las demandas por incumplimiento contractual no prosperaban bajo la ley argentina y revocó la sentencia de primera instancia. También quedó sin efecto la orden que obligaba a Argentina a entregar acciones de YPF como parte del proceso de ejecución.
Burford intentó revertir ese escenario con un pedido de revisión ante la misma cámara, pero la Corte lo rechazó. Con esa decisión, se consolida el fallo favorable para Argentina dentro del Segundo Circuito, aunque la pelea judicial todavía no está formalmente cerrada.
El próximo paso posible para los demandantes es acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un pedido de revisión conocido como certiorari. Ese recurso no es automático: el máximo tribunal estadounidense decide discrecionalmente qué casos toma. Por eso, aunque Burford todavía conserva esa vía, especialistas consideran que las chances de que la Corte acepte intervenir suelen ser limitadas.
También permanece abierta la posibilidad de que los demandantes exploren otros caminos legales, como arbitrajes internacionales. Burford ya había señalado, tras el fallo adverso de marzo, que evaluaría alternativas para seguir reclamando una compensación. De todos modos, el escenario cambió de manera sustancial: Argentina pasó de enfrentar una condena multimillonaria a contar con una sentencia de segunda instancia a su favor.
Para el Gobierno de Javier Milei, el nuevo rechazo a Burford llega en un momento clave. La administración libertaria busca mostrar señales de estabilidad financiera, baja del riesgo país, recuperación de bonos y normalización de la relación con los mercados. Sacarse de encima, aunque todavía no de forma definitiva, una amenaza judicial de más de USD 16.000 millones fortalece ese relato económico.
El impacto también es político. La expropiación de YPF fue una de las decisiones más emblemáticas del kirchnerismo y, al mismo tiempo, una de las más costosas en términos judiciales. Milei y su equipo utilizan el caso como ejemplo de los costos de la intervención estatal mal ejecutada y de la necesidad de dar previsibilidad jurídica a los inversores.
Sin embargo, el fallo favorable no borra el origen del problema. La nacionalización de YPF permitió recuperar el control estatal de una empresa estratégica, pero la forma en que se ejecutó abrió un litigio internacional que durante más de una década puso en riesgo miles de millones de dólares de recursos públicos. La discusión de fondo sigue siendo la misma: el Estado puede tomar decisiones soberanas, pero debe medir con precisión sus consecuencias legales y financieras.
En términos económicos, la noticia reduce presión sobre las cuentas públicas y mejora la percepción externa de Argentina. Si la condena hubiera quedado firme, el país habría enfrentado un pasivo gigantesco en un momento de fragilidad fiscal y necesidad de recomponer reservas. La reversión del fallo y el rechazo al pedido de Burford despejan, al menos por ahora, uno de los mayores frentes judiciales heredados.
Para YPF, la resolución también aporta tranquilidad. La compañía atraviesa una etapa de expansión vinculada a Vaca Muerta, proyectos de infraestructura energética y búsqueda de inversiones. Una condena firme o una orden de entrega de acciones habría agregado incertidumbre sobre su estructura accionaria y sobre la estrategia energética nacional.
La causa, de todos modos, no terminó. Burford todavía puede intentar llevar el caso a la Corte Suprema estadounidense. Pero el escenario actual es mucho más favorable para Argentina que el que existía tras la sentencia de Preska. La Corte de Apelaciones no solo revocó la condena, sino que ahora se negó a revisar esa decisión.
El juicio por YPF seguirá siendo una de las causas más importantes de la historia judicial argentina en el exterior. Pero, por segunda vez en pocos meses, el país recibió una señal positiva en un expediente que llegó a amenazar con una factura multimillonaria. Para el Gobierno, es una victoria legal y financiera. Para la política argentina, una nueva advertencia sobre el costo de tomar decisiones de alto impacto sin blindaje jurídico suficiente.
