Según un informe del IIEP de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $282.758 para cubrir luz, gas, agua y transporte. Desde diciembre de 2023, el costo de estos servicios aumentó 919%, casi cuatro veces más que la inflación estimada para el período.
La canasta de servicios públicos volvió a pegar un salto fuerte en junio y se convirtió en uno de los gastos que más presionan sobre los ingresos de los hogares. De acuerdo con un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, una familia promedio del AMBA sin subsidios necesitó $282.758 para cubrir sus consumos de energía, agua potable y transporte.
El dato marca una suba mensual del 10,1% respecto de mayo y un incremento interanual del 54%. La cifra vuelve a mostrar que, aun con una inflación general más baja que en los meses más críticos, las tarifas continúan moviéndose a una velocidad superior al resto de los precios.
El informe citado por Ámbito señala que, desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un aumento del 919%, mientras que el nivel general de precios habría subido alrededor de 236% en el mismo período. En términos simples: los servicios aumentaron casi cuatro veces más que la inflación.
El salto de junio estuvo explicado por una combinación de factores: nuevos ajustes tarifarios, mayor consumo energético por la llegada del invierno y subas específicas en transporte. El componente que más incidió fue el gas, cuya factura se encareció 23,4% en comparación con mayo. El aumento respondió tanto a la actualización del cargo fijo y variable como al inicio del período de mayor demanda estacional.
La energía eléctrica también mostró una suba importante. El gasto en luz creció 14,8% mensual, empujado por el mayor consumo propio del invierno y por aumentos tarifarios del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el cargo variable para usuarios sin subsidio.
En transporte, el gasto total de las familias aumentó 5,7% frente al mes anterior. Las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires subieron 4,6%, mientras que las líneas interjurisdiccionales tuvieron un incremento del 7,1% en junio. En tanto, el servicio de agua registró una variación mucho menor, de apenas 0,2%, por el efecto combinado del ajuste, los días de consumo del mes y los nuevos topes de incremento mensual.
El impacto sobre los ingresos es cada vez más evidente. Según el IIEP, la canasta de servicios públicos representó en junio el 15% del salario promedio registrado estimado, calculado en $1.919.353. Dicho de otra manera, con un salario promedio se podían comprar 6,8 canastas de servicios públicos, contra 8 canastas en junio de 2025.
El transporte aparece como el gasto de mayor peso dentro del conjunto: explica el 41% de la canasta de servicios. En la comparación interanual, fue además el rubro que más aumentó, con una suba del 75% respecto de junio de 2025. Le siguieron el agua, con 48%; la electricidad, con 43%; y el gas natural, con 37%.
El informe también muestra que, pese a los aumentos, los usuarios todavía no pagan el costo pleno de los servicios. En promedio, los hogares del AMBA cubren el 58% del costo de los servicios públicos, mientras que el Estado absorbe el 42% restante mediante subsidios. En el caso del transporte, la brecha es especialmente amplia: el costo técnico del boleto de colectivo en CABA fue estimado en $2.014 por pasajero, frente a una tarifa de $788.
La política tarifaria es uno de los ejes centrales del programa económico del Gobierno nacional. La administración de Javier Milei busca reducir subsidios para ordenar las cuentas públicas y sostener el superávit fiscal, pero ese proceso se traduce en aumentos directos sobre familias y empresas. El desafío es lograr que la corrección tarifaria no termine licuando la mejora de ingresos que el propio Gobierno intenta mostrar con la baja de la inflación.
Aunque el informe toma como referencia al AMBA, el fenómeno tiene alcance nacional. En provincias como Córdoba, los hogares también vienen sintiendo el incremento de tarifas, combustibles, transporte y servicios básicos, con diferencias según distribuidoras, cuadros tarifarios locales, subsidios vigentes y nivel de consumo.
El invierno agrega presión adicional. A medida que bajan las temperaturas, aumenta el uso de gas, electricidad y otros sistemas de calefacción. Eso significa que, incluso sin grandes nuevos aumentos de tarifas, las facturas pueden seguir subiendo por mayor consumo estacional.
La discusión de fondo es cuánto margen tienen los hogares para absorber una recomposición tarifaria de esta magnitud. Para una familia con ingresos medios, la suma de luz, gas, agua y transporte ya ocupa una porción considerable del presupuesto mensual. Para sectores de menores ingresos o familias numerosas, el peso puede ser mucho más alto.
El Gobierno defiende el sendero de sinceramiento tarifario como una condición necesaria para reducir el déficit y ordenar precios relativos. Pero el dato de junio confirma que la transición sigue siendo costosa para los usuarios: los servicios públicos dejaron de ser un gasto relativamente administrado y pasaron a convertirse en una de las principales fuentes de presión sobre el bolsillo familiar.
En un escenario de inflación más moderada, la pregunta ya no es solo cuánto suben los precios de alimentos o bienes de consumo. Cada vez pesa más cuánto cuesta mantener prendida la luz, calefaccionar la casa, viajar al trabajo y pagar los servicios básicos de todos los días.
