Diego Santilli defendió el proyecto oficial para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La Casa Rosada busca aprobar la reforma este año, antes del calendario presidencial, pero todavía deberá negociar votos en el Congreso.
El Gobierno nacional volvió a poner en agenda la reforma electoral y apuntó directamente contra las PASO. El ministro del Interior, Diego Santilli, defendió el proyecto impulsado por Javier Milei y sostuvo que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias representan un gasto de hasta 250 millones de dólares para el Estado.
“La gente no quiere votar tantas veces”, planteó Santilli antes de participar de un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones junto a gobernadores. Con esa frase, el funcionario buscó sintetizar el argumento político del oficialismo: reducir costos, simplificar el calendario electoral y evitar que los ciudadanos deban concurrir varias veces a las urnas en un mismo año.
La iniciativa oficial forma parte de una reforma electoral más amplia que ya fue enviada al Congreso. El eje central es la eliminación de las PASO, aunque el proyecto también incluye modificaciones al régimen de partidos políticos, reglas de financiamiento electoral, cambios en la Boleta Única de Papel y restricciones para candidaturas de personas condenadas por determinados delitos.
Para la Casa Rosada, la eliminación de las PASO es una prioridad antes del próximo calendario presidencial. El Gobierno sostiene que el sistema de primarias obligatorias se transformó en una herramienta costosa, poco eficiente y cada vez menos utilizada por los partidos para resolver internas reales. En muchos casos, las alianzas llegan con listas únicas y las PASO terminan funcionando como una gran encuesta nacional financiada por el Estado.
Santilli insistió en que el actual esquema puede generar una saturación electoral. Según el ministro, si no hay cambios, los argentinos podrían enfrentar primarias provinciales, primarias nacionales y luego elecciones generales, además de eventuales segundas vueltas. Para el oficialismo, ese calendario no solo eleva el gasto público, sino que también alimenta el cansancio ciudadano y reduce la participación.
El argumento económico tiene peso dentro del discurso libertario. Milei busca presentar la reforma como parte de su agenda de austeridad y reducción del gasto político. En ese marco, el costo de las PASO se convirtió en una cifra de impacto: 250 millones de dólares que, según el Gobierno, podrían destinarse a otras prioridades o directamente ahorrarse en un contexto de ajuste fiscal.
Sin embargo, la discusión no es solo presupuestaria. Las PASO también cumplen una función institucional: permiten ordenar candidaturas, medir fuerzas internas, habilitar competencia dentro de los partidos y dar participación directa a los votantes en la definición de listas. Por eso, la oposición advierte que eliminarlas sin un mecanismo alternativo puede fortalecer a las conducciones partidarias y reducir la transparencia en la selección de candidatos.
El debate aparece atravesado por la conveniencia política de cada espacio. La Libertad Avanza, que consolidó un liderazgo vertical alrededor de Milei y su mesa chica, podría beneficiarse de un sistema sin primarias obligatorias. En cambio, partidos con estructuras territoriales más amplias, internas provinciales o coaliciones múltiples ven en las PASO una herramienta para ordenar disputas sin romper alianzas.
También los gobernadores miran el tema con atención. Para muchas provincias, el calendario electoral es una pieza de negociación política. Desdoblar elecciones, suspender primarias o modificar reglas puede alterar equilibrios locales, alianzas y estrategias legislativas. Por eso, aunque el Gobierno presiona para aprobar la reforma, el tratamiento en el Congreso no será automático.
El oficialismo necesita construir mayorías en ambas cámaras. La reforma electoral deberá atravesar comisiones, negociaciones con bloques aliados, conversaciones con gobernadores y resistencias opositoras. Sectores del PRO pueden acompañar parte de la propuesta, mientras que la UCR, bloques provinciales y el peronismo evaluarán el impacto concreto sobre sus estrategias para 2027.
Uno de los puntos más sensibles será la Boleta Única de Papel. Argentina ya comenzó a utilizar este sistema a nivel nacional, pero el Gobierno pretende introducir ajustes. Especialistas electorales advierten que cualquier cambio debe realizarse con prudencia, porque la legislación electoral requiere estabilidad y reglas claras antes de una elección presidencial.
El proyecto también contempla elevar exigencias para la conformación y permanencia de partidos políticos, endurecer controles sobre el financiamiento de campañas, limitar aportes de origen dudoso y restringir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos graves. Son puntos que pueden generar consensos parciales, aunque la eliminación de las PASO será el núcleo de mayor disputa.
La discusión de fondo es qué tipo de sistema electoral necesita Argentina. Para el Gobierno, las PASO fueron un experimento caro y agotado, que no resolvió los problemas de representación y terminó multiplicando gastos. Para sus defensores, en cambio, eliminar las primarias sin una alternativa clara puede devolver poder a las cúpulas partidarias y reducir la participación ciudadana.
En términos políticos, Milei busca llegar a 2027 con reglas más simples, menos gasto electoral y una estructura oficialista más ordenada. Pero la oposición sospecha que la reforma también tiene un objetivo estratégico: cambiar el tablero antes de la elección presidencial y condicionar la forma en que los demás espacios definirán sus candidaturas.
Por ahora, el Gobierno apuesta a instalar el costo económico como argumento central. La frase de Santilli apunta a conectar con una demanda social concreta: menos elecciones, menos gasto y menos aparato político. El desafío será convertir ese mensaje en votos legislativos.
La reforma electoral entra así en una etapa decisiva. Si el oficialismo logra aprobarla este año, el próximo turno presidencial podría desarrollarse bajo reglas distintas. Si no consigue los apoyos, las PASO volverán a quedar en pie como una de las principales herramientas de ordenamiento político, aunque cada vez más cuestionadas por su costo, su utilidad y el desgaste que generan en los votantes.