Otro femicidio en Córdoba vuelve a dejar una pregunta insoportable: ¿cuántas advertencias necesita el sistema judicial para entender que un violento libre puede ser una sentencia de muerte? Los gobiernos pagan costos políticos por cada tragedia. La Justicia, en cambio, parece caminar sobre los cadáveres sin rendir cuentas.
Hay crímenes que no empiezan cuando aparece el cuchillo, el disparo o el cuerpo tirado en la calle. Empiezan mucho antes. Empiezan cuando una mujer denuncia y nadie la escucha del todo. Cuando un expediente duerme. Cuando un agresor firma una condena condicional y vuelve a la casa. Cuando un fiscal, un juez o una estructura completa decide mirar el riesgo como si fuera un trámite administrativo. Cuando el Estado le dice a una víctima “ya está, quedate tranquila”, pero el violento sigue ahí, respirándole cerca.
El femicidio ocurrido en Santa María de Punilla vuelve a exponer esa maquinaria rota. Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas. El acusado, su expareja, ya tenía antecedentes judiciales por violencia familiar y cumplía una condena condicional. El dato no es menor: no estamos ante un desconocido que apareció de la nada. Estamos ante un hombre que ya había pasado por el sistema. Y si alguien pasa por el sistema, queda registrado. Si queda registrado, alguien tiene que evaluar el riesgo. Si nadie lo hace bien, la víctima queda sola.
Ese es el punto. No alcanza con detener al asesino después. No alcanza con imputar femicidio cuando la mujer ya está muerta. No alcanza con la conferencia de prensa, el comunicado oficial, el minuto de silencio y la frase de ocasión. La Justicia no puede seguir apareciendo después de la sangre como si no hubiera tenido nada que ver antes de la tragedia.
En Córdoba, la cúpula judicial tiene nombres y apellidos. El Tribunal Superior de Justicia está presidido en 2026 por Domingo Sesin. La Sala Penal es presidida por Sebastián López Peña e integrada por Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati. El Ministerio Público Fiscal está bajo la conducción de Carlos Rubén Lezcano, quien asumió tras la salida de Juan Manuel Delgado. No son nombres decorativos. Son autoridades institucionales. Son quienes conducen, ordenan, supervisan o deberían supervisar el funcionamiento de un sistema que, frente a la violencia de género, viene mostrando fallas brutales.
La responsabilidad penal por un femicidio es del femicida. Eso no se discute. Pero la responsabilidad institucional por dejar zonas ciegas, por no auditar decisiones, por no revisar criterios de liberación, por no controlar reincidencias, por no medir riesgo real y por no sancionar a funcionarios que se equivocan gravemente, es de la estructura judicial.
Y esa estructura, en Córdoba y en la Argentina, tiene un privilegio obsceno: casi nunca paga.
Un ministro de Seguridad queda políticamente marcado cuando hay un crimen aberrante. Un gobernador debe dar explicaciones cuando la calle arde. Un presidente carga muertos políticos cuando una política pública falla. Un intendente se hunde si una obra mal hecha mata a alguien. Pero un fiscal que liberó mal, un juez que minimizó una denuncia, una oficina que archivó tarde, un tribunal que no controló, muchas veces siguen su carrera como si nada. Firman, cobran, ascienden, se jubilan. La familia entierra. El funcionario judicial continúa.
Esa diferencia es insoportable.
El caso de Agostina Vega todavía está fresco en la memoria de Córdoba. Una adolescente de 14 años fue hallada asesinada después de una búsqueda desesperada. La investigación apuntó a Claudio Barrelier, quien ya había tenido una causa anterior por privación ilegítima de la libertad. Una mujer había denunciado que logró escapar de su casa desnuda, atada y pidiendo ayuda. Barrelier estuvo detenido, pero recuperó la libertad tras pagar fianza. Tiempo después, Agostina apareció muerta.
Por ese caso, legisladores opositores y organizaciones pidieron jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. Los acusaron de negligencia grave, mal desempeño y morosidad. Garzón, a su vez, quedó a cargo de la causa por el femicidio y también concentró el expediente anterior contra Barrelier. La discusión no es menor: cuando un sospechoso con semejantes antecedentes queda libre y después aparece una víctima menor de edad asesinada, la sociedad tiene derecho a preguntar quién firmó, quién controló y quién permitió que ese riesgo quedara suelto.
No se trata de pedir linchamientos. Se trata de pedir rendición de cuentas. Que es exactamente lo que la Justicia le exige todos los días al resto de los ciudadanos.
Córdoba también arrastra el caso de Cecilia Basaldúa, joven hallada muerta en Capilla del Monte en 2020. El único imputado fue absuelto y el jurado ordenó una nueva investigación. La propia querella y organismos de derechos humanos habían pedido esa absolución porque entendían que no había pruebas suficientes contra él. Dicho de otro modo: durante años, el sistema pudo haber perseguido mal, investigado mal o elegido mal el camino. Mientras tanto, la familia siguió sin verdad completa.
Esa es otra forma de impunidad. No solo queda impune el culpable cuando no se lo condena. También queda impune el Estado cuando investiga tan mal que hace imposible llegar a la verdad.
El problema es estructural. La Justicia argentina suele ser implacable con el ciudadano común y sorprendentemente indulgente consigo misma. Tiene lenguaje propio, tiempos propios, privilegios propios, vacaciones propias, sueldos propios, fueros de hecho y una cultura corporativa que convierte cada crítica en un supuesto ataque a la independencia judicial. Pero independencia no puede significar impunidad. Independencia no puede ser una coartada para no explicar nada. Independencia no puede ser una muralla detrás de la cual se esconden la ineptitud, el amiguismo, la cobardía o la corrupción.
Porque corrupción no es solamente cobrar una coima. Corrupción también es protegerse entre pares. Corrupción es no auditar al funcionario que falló. Corrupción es nombrar por cercanía política y no por capacidad. Corrupción es naturalizar que un expediente de violencia familiar sea uno más en una pila. Corrupción es que nadie pierda el cargo después de una cadena de errores que terminó con una mujer muerta.
Durante años se repitió que el problema era la falta de leyes. Pero la Argentina tiene leyes. Tiene agravante de femicidio en el Código Penal. Tiene normas de protección contra la violencia familiar. Tiene botones antipánico, restricciones de acercamiento, exclusiones del hogar, fiscalías especializadas y organismos enteros destinados a intervenir. El problema es que una ley escrita no salva a nadie si del otro lado hay un funcionario sin reflejos, sin coraje o sin voluntad de hacerse cargo.
La Ley 9283 de Córdoba permite medidas urgentes de protección. La normativa habilita exclusión del hogar, restricciones, dispositivos electrónicos y actuación en emergencia. Entonces la pregunta no es si el Estado tiene herramientas. La pregunta es por qué, con tantas herramientas, tantas mujeres siguen llegando muertas al expediente.
La respuesta duele: porque en demasiados casos la Justicia actúa como escribanía del desastre. Certifica el riesgo después de que el riesgo explotó.
No se puede prevenir todo. Nadie serio puede prometer riesgo cero. Pero sí se puede distinguir entre lo imprevisible y lo anunciado. Y cuando un agresor ya tiene denuncias, condenas, antecedentes, amenazas, incumplimientos o vínculos de control sobre la víctima, el Estado ya no puede decir que no sabía. Sabía. O debía saber. Y en derecho, no saber cuando se tiene obligación de saber también es una forma de responsabilidad.
La cúpula judicial de Córdoba debería dejar de responder con comunicados fríos y estadísticas administrativas. Domingo Sesin, Carlos Rubén Lezcano, los vocales del Tribunal Superior, los fiscales adjuntos, los responsables de las fiscalías de Violencia Familiar y cada funcionario con poder de decisión deberían dar explicaciones públicas, periódicas y verificables. No para la foto. No para calmar un día de indignación. Para decir cuántas denuncias entran, cuántas medidas se dictan, cuántas se incumplen, cuántos agresores reinciden, cuántos funcionarios fueron sancionados y cuántas víctimas quedaron sin protección efectiva.
El Poder Judicial no puede seguir viviendo en una caja negra.
En democracia, todos los poderes deben rendir cuentas. El Ejecutivo rinde cuentas en elecciones, en medios, en legislaturas, en crisis y en la calle. El Legislativo rinde cuentas ante sus votantes. Pero la Justicia parece haber construido una aristocracia vitalicia del expediente: decide sobre la vida de los demás, pero rara vez expone la suya al juicio social.
Eso tiene que cambiar.
El ciudadano argentino tiene herramientas para torcer este destino, pero debe exigirlas con una presión sostenida. No alcanza con indignarse 48 horas. Hay que convertir cada caso en reforma institucional.
Primero, debe exigirse una ley de trazabilidad pública de causas de violencia familiar y de género, con datos abiertos y anonimizados. La sociedad no necesita conocer nombres de víctimas, pero sí debe saber cuántas denuncias se hicieron, qué medidas se tomaron, cuánto demoraron, cuántas fueron incumplidas y qué fiscalía intervino.
Segundo, debe reformarse el sistema de control disciplinario de jueces y fiscales. Los jurys no pueden ser cementerios políticos donde todo se diluye. Tiene que haber plazos obligatorios, audiencias públicas, publicación de votos y sanciones reales cuando exista mal desempeño. Si un funcionario judicial no puede explicar una decisión grave, no puede seguir administrando riesgo sobre vidas humanas.
Tercero, las condenas por violencia familiar y de género, incluso cuando sean condicionales, deben activar un régimen especial de seguimiento. No puede ser que una persona condenada por violencia vuelva al territorio de la víctima como si hubiera pagado una multa de tránsito. Tiene que haber monitoreo, evaluación psicológica seria, control de cumplimiento, alerta temprana y comunicación inmediata a la víctima.
Cuarto, debe crearse una auditoría externa e independiente sobre fiscalías de Violencia Familiar, integrada por especialistas, universidades, colegios profesionales, organizaciones de víctimas y representantes ciudadanos. La Justicia no puede auditarse solo a sí misma. Ninguna corporación se limpia sola.
Quinto, los concursos judiciales deben ser realmente públicos, filmados, con antecedentes verificables y oposición ciudadana efectiva. En Córdoba, el Consejo de la Magistratura asiste al Poder Ejecutivo en la designación de magistrados, fiscales y asesores letrados. Ese mecanismo debe dejar de ser una formalidad técnica para convertirse en un verdadero filtro de idoneidad, independencia y compromiso con derechos fundamentales.
Sexto, el cargo de Fiscal General no puede ser leído como una ficha más del tablero político provincial. Cuando el Ministerio Público Fiscal concentra la política de persecución penal, su conducción debe ser intachable, independiente y técnicamente sólida. Ya en 2021, organizaciones como INECIP habían impugnado la candidatura de Juan Manuel Delgado con cuestionamientos sobre independencia e idoneidad penal. La discusión sigue vigente: si la cabeza del sistema no ofrece garantías plenas, el resto del edificio nace torcido.
Séptimo, debe incorporarse una evaluación obligatoria de riesgo en todo expediente de violencia de género, con criterios uniformes y revisables. No puede depender del humor, la sensibilidad o la sobrecarga de un despacho. Cuando hay amenazas, antecedentes, armas, consumo problemático, control económico, hijos en común, incumplimiento de medidas o escalada de violencia, el sistema debe encender alarmas automáticas. Y si decide no proteger, debe explicar por escrito por qué.
Octavo, tiene que existir responsabilidad patrimonial y funcional del Estado por fallas graves de protección. Cuando una víctima denuncia y el Estado actúa con negligencia, la familia no debería atravesar años de peregrinación para que alguien reconozca el daño. La reparación económica no devuelve la vida, pero obliga al sistema a sentir consecuencias.
Nada de esto es venganza. Es civilización.
Porque el dolor de una familia destruida por la impunidad no se parece a un comunicado judicial. No tiene el tono prolijo de una resolución. No entra en un considerando. Es una mesa con una silla vacía. Es una madre que mira una foto. Es un hijo que crece preguntando. Es una puerta que nadie vuelve a abrir igual. Es una vida entera midiendo el tiempo entre lo que se denunció y lo que nadie hizo.
Por eso este editorial no puede ser tibio. La Justicia cordobesa tiene que ser interpelada con dureza. No por odio, sino por cansancio. No por oportunismo, sino porque cada femicidio anunciado destruye la confianza pública. Y cuando la Justicia pierde la confianza pública, deja de ser Justicia y se convierte en una administración cerrada de papeles, privilegios y excusas.
Los nombres propios importan. Maximiliano Baudraco, acusado por el femicidio de Rocío Belén Gómez. Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega. Iván Rodríguez y Raúl Garzón, fiscales cuestionados por legisladores y organizaciones en el caso Agostina. Silvana Pen, fiscal que interviene en la investigación de Santa María de Punilla según la información periodística difundida. Carlos Rubén Lezcano, Fiscal General de Córdoba. Domingo Sesin, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Sebastián López Peña, presidente de la Sala Penal.
No todos tienen la misma responsabilidad. No todos intervinieron en los mismos expedientes. No todos deben cargar con el mismo peso. Pero todos forman parte de un sistema que debe dejar de mirar para otro lado.
La Justicia argentina necesita menos solemnidad y más vergüenza. Menos mármol y más calle. Menos lenguaje oscuro y más respuestas. Menos corporación y más consecuencias.
Porque si un gobierno fracasa, lo castigan las urnas. Si un ministro fracasa, lo echan. Si un policía fracasa, lo investigan. Si un médico abandona a un paciente, puede perder la matrícula.
¿Y si fracasa la Justicia?
Esa es la pregunta que Córdoba debe hacerse hoy, frente a otra mujer asesinada por un violento que ya estaba en el radar del Estado.
¿Quién juzga a los que juzgan?
Hasta que esa pregunta tenga una respuesta real, cada “nunca más” seguirá sonando demasiado parecido a una mentira.