El Gobierno nacional acusó al mandatario bonaerense de sostener un discurso sanitario mientras la Provincia acumula deudas con hospitales SAMIC y con el Garrahan. La cifra reclamada supera los $652 mil millones y vuelve a dejar expuesta una contradicción central de la gestión: mucha épica política, pero poca responsabilidad administrativa.
El Gobierno nacional volvió a cruzar con dureza a Axel Kicillof por la deuda millonaria que la provincia de Buenos Aires mantiene con hospitales públicos de gestión compartida. La respuesta llegó después de que el gobernador relanzara su discurso sanitario contra la Casa Rosada, denunciara una supuesta “catástrofe” en el sistema de salud y buscara presentarse como defensor del “Estado presente”.
Pero esta vez, desde Nación le contestaron con números. Y los números son incómodos para el mandatario bonaerense.
Según la Oficina de Respuesta Oficial, la provincia de Buenos Aires acumula una deuda de $652.433.124.784 con hospitales SAMIC, centros de alta complejidad que funcionan bajo esquemas de administración compartida entre Nación y Provincia. A fines de abril, ese pasivo ya ascendía a $630.635 millones, por lo que habría crecido más de $21.798 millones en menos de un mes sin pagos significativos por parte de la administración bonaerense.
El dato golpea directamente sobre el corazón del relato de Kicillof. Porque una cosa es reclamar fondos, denunciar recortes y encabezar actos políticos en defensa de la salud pública. Otra muy distinta es no cumplir con las obligaciones propias frente a hospitales que atienden todos los días a miles de pacientes, muchos de ellos en situaciones críticas.
La acusación de Nación es concreta: mientras Kicillof habla de “derecho a la salud”, la Provincia no estaría pagando su parte del sostenimiento de hospitales que, por esa falta de fondos bonaerenses, terminan siendo financiados íntegramente por el Estado nacional. Es decir: el gobernador denuncia abandono, pero deja cuentas impagas en instituciones sanitarias que funcionan dentro de su propio territorio.
LA HIPOCRESÍA SIN LÍMITES DEL GOBERNADOR AXEL KICILLOF QUEDA EXPUESTA
El Gobernador Axel Kicillof, en un acto más de hipocresía, lanza su plataforma política de salud atacando al Gobierno Nacional mientras la Provincia de Buenos Aires mantiene una deuda millonaria e impaga con… https://t.co/HDpsc7y12j
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) May 28, 2026
Entre los establecimientos alcanzados por el conflicto aparecen hospitales clave del conurbano bonaerense, como el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Presidente Néstor Kirchner de Gregorio de Laferrere y el Hospital René Favaloro de Rafael Castillo. No se trata de oficinas administrativas ni de partidas menores: son centros de salud de alta complejidad, con atención sensible, demanda creciente y pacientes que no pueden esperar a que la política resuelva sus internas.
La discusión no es nueva. Ya en 2025, Nación había informado que la deuda bonaerense con los hospitales SAMIC superaba los $409 mil millones. Luego, a comienzos de 2026, el reclamo trepó a más de $507 mil millones. Ahora, la cifra denunciada supera los $652 mil millones. La secuencia muestra algo más grave que una disputa coyuntural: el problema no se achicó, se agrandó.
Y ahí aparece la pregunta que el gobierno de Kicillof evita responder con claridad: ¿cómo puede una administración que se presenta como garante de la salud pública acumular semejante deuda con hospitales públicos?
La contradicción es evidente. Kicillof suele construir su discurso sobre una idea simple: Nación ajusta, Provincia cuida. Pero si la Provincia cuida dejando de pagar lo que debe, el relato se cae por su propio peso. El Estado presente no se mide por la cantidad de actos, discursos o consignas que un gobernador pronuncia. Se mide por si los hospitales tienen recursos, si las prestaciones se pagan, si las obras sociales cumplen y si los pacientes reciben atención sin quedar atrapados en una guerra política.
El cruce también alcanzó al Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes del país. Según el comunicado replicado por medios nacionales, la provincia de Buenos Aires adeuda más de $10.490 millones por prestaciones brindadas a niños bonaerenses. La frase utilizada por el Gobierno nacional fue demoledora: debería provocar “profunda vergüenza” priorizar actos políticos y una eventual campaña presidencial antes que hacerse cargo de obligaciones vinculadas a la salud y la vida de chicos con enfermedades graves.
Más allá del tono político de la respuesta, el señalamiento toca un punto sensible: si hay un lugar donde no debería haber especulación ni demora, es en la atención pediátrica de alta complejidad. El Garrahan no es un escenario para chicanas. Es un hospital de referencia nacional. Si IOMA o la Provincia tienen deudas pendientes, corresponde explicarlas, transparentarlas y pagarlas. Lo demás es ruido.
Del lado bonaerense, Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostienen que el sistema sanitario está bajo presión por el ajuste nacional, la caída de programas, los problemas de provisión de medicamentos, el deterioro de las obras sociales y el aumento de la demanda en hospitales públicos. Incluso remarcaron que en el conurbano las camas de terapia intensiva presentan altos niveles de ocupación y que cada vez más personas con cobertura terminan recurriendo al sector público.
Esos problemas existen y merecen atención. Pero no pueden funcionar como coartada para tapar las fallas propias. Una provincia del tamaño de Buenos Aires no puede limitarse a señalar a la Nación cada vez que aparece un déficit de gestión. Gobernar también es pagar, administrar, priorizar y hacerse cargo de las deudas que se acumulan bajo la propia firma.
Kicillof también reclama ante la Corte Suprema una deuda de $2,3 billones que, según la Provincia, ANSES mantiene por cajas jubilatorias no transferidas. Además, su gobierno sostiene que existen reclamos totales contra Nación por más de $15 billones. Ese conflicto forma parte de otra discusión institucional y fiscal. Pero no borra el reclamo actual: mientras la Provincia exige que le paguen, también debe explicar por qué no paga lo que le corresponde a hospitales que atienden a bonaerenses.
Ese es el punto políticamente más incómodo para el gobernador. Porque la defensa de la salud pública no puede ser selectiva. No se puede reclamar sensibilidad social hacia afuera y practicar desorden financiero hacia adentro. No se puede acusar a otros de abandonar hospitales mientras la propia administración acumula deudas con esos mismos efectores.
En el fondo, el caso vuelve a exhibir una característica repetida de la gestión Kicillof: la tendencia a transformar cada problema administrativo en una batalla ideológica. Todo se presenta como una disputa contra Milei, contra el ajuste, contra el neoliberalismo o contra la motosierra. Pero detrás de la escenografía discursiva siguen apareciendo cuentas impagas, servicios tensionados y pacientes que necesitan respuestas concretas.
La Provincia tiene presupuesto, estructura, ministerios, organismos descentralizados y una obra social como IOMA bajo su órbita. Si esos instrumentos no alcanzan para ordenar pagos básicos a hospitales públicos, el problema no es solamente financiero: es de prioridades.
La salud pública no se defiende con slogans. Se defiende con gestión. Con proveedores al día, con hospitales financiados, con obras sociales que pagan, con médicos que cobran, con insumos disponibles y con funcionarios capaces de rendir cuentas sin esconderse detrás de comunicados grandilocuentes.
Por eso, la acusación nacional deja a Kicillof en una posición difícil. El gobernador puede seguir denunciando el ajuste de Milei, pero ya no puede hacerlo sin responder por la deuda bonaerense. Puede convocar marchas, firmar documentos con intendentes y hablar de “catástrofe sanitaria”, pero antes debería explicar por qué hospitales de alta complejidad en territorio bonaerense aparecen financiados por Nación ante la falta de aportes provinciales.
El “Estado presente” que no paga sus deudas termina siendo apenas una consigna de campaña. Y cuando esa deuda involucra hospitales, niños enfermos y atención de alta complejidad, la contradicción deja de ser política para convertirse en una verdadera irresponsabilidad de gestión.
