El Parlamento Europeo pidió una revisión judicial que frena la implementación del tratado comercial. Según Moody’s, el acuerdo mantiene un sesgo favorable para los países del Mercosur en términos de acceso a mercados, inversión y calidad crediticia, aunque con impacto acotado en el corto plazo.
El Parlamento Europeo resolvió solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que evalúe la legalidad del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, una decisión que paraliza de manera transitoria su implementación. El pedido apunta a determinar si el tratado es compatible con las políticas ambientales y de protección al consumidor del bloque, pero no implica un rechazo definitivo al entendimiento firmado el 17 de enero tras más de dos décadas de negociaciones.
De acuerdo con un informe de Moody’s, si el tribunal se expide favorablemente, el acuerdo deberá volver a ser aprobado por el Parlamento Europeo y luego ratificado por los Estados miembro de la UE y por los congresos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En ese marco, la calificadora considera que las demoras responden más a tensiones políticas internas que a un cambio estructural en la postura europea.
