Se trata de una decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI) por la que el Estado Nacional debe resarcir a la empresa AES Corporation.
En medio de un atribulado frente judicial externo a raíz del fallo contra YPF, el Gobierno nacional apelará a otra sentencia, en la que se le ordenó pagar 716 millones de dólares a la empresa AES Corporation por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, ubicada sobre el Río Limay, entre las provincias de Río Negro y Neuquén.
La Procuración del Tesoro maneja a la apelación como la opción más fuerte a fines de postergar el proceso y las negociaciones para efectuar el pago: “No tenemos plata para pagar y tampoco nos vamos a endeudar”, agregan en el oficialismo.
La Casa Rosada debe presentar la apelación en el marco de los 120 días desde que se dicta el laudo. Esta ventana le da margen a la mesa judicial de Balcarce 50 hasta fines de septiembre.
El Gobierno buscará, así, la invalidación del fallo con argumentos que abarcan desde la consideración de que el tribunal se constituyó irregularmente hasta que se extralimitó en sus facultades, que bró alguna norma de procedimiento o hubo corrupción de alguno de sus miembros.
Asimismo, en cuanto a la negociación con la empresa AES, sostiene que buscará acordar un esquema progresivo de pagos solo si el tribunal no le da lugar a su pedido.
En Nación circuló la opción de cancelar el monto sin cobrar el nuevo canon de concesión por la represa en caso que se presente y gane la licitación pública.
La empresa acusó a Argentina de violar el 2002 el Tratado Bilateral de Inversiones con los Estados Unidos al modificar la condición en el contrato sobre que los ingresos estén nominalizados en dólares. En ese marco, el Estado congeló por años las tarifas eléctricas que cobran los concesionarios. El reclamo inicial fue por 1.814 millones de dólares, y con intereses podría llegar a 2.500 millones de dólares.
