El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, intentó a fines de febrero publicar una resolución que ponía a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) bajo la órbita exclusiva del organismo y las obligaba a inscribirse en papel y presentar libros rubricados.
En aquel entonces, la Subsecretaría de Gobierno Abierto y Digitalización de Jefatura de Gabinete la frenó para seguir manteniendo la inscripción de SAS bajo su órbita mediante el sistema Trámites a Distancia (TAD) que es 100% digital.
Sin embargo, el kirchnerismo, encabezado por el diputado Oscar Parrilli impulsará este martes el tratamiento de un proyecto de ley en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, que interviene en este conflicto, a favor de Nissen –quien ya fue titular de la IGJ durante la presidencia de Cristina Kirchner– y en contra de los funcionarios del presidente Alberto Fernández.
Según un texto que circuló por los estudios de abogados en febrero, la norma iba a suspender por 180 días la inscripción mediante el trámite digital de las SAS, obligándolas a realizar todos los trámites legales que fueran necesarios durante ese período en soporte papel.
El argumento de la decisión radicaba en que ese trámite digital ponía a las SAS bajo la autoridad de la Secretaría de Modernización, cuando el ente que debe controlarlas es la IGJ como al resto de las «sociedades por acciones de la ciudad de Buenos Aires».
Las razones para endurecer los controles que daba el borrador de resolución es que –en base a textos académicos y de antecedentes judiciales– es que está en duda la legalidad del accionar de estas sociedades y hay posibilidad de fraude a terceros.
En concreto, la norma afirmaba que sacar a las SAS de la órbita de la IGJ y con la excusa de que los trámites en este organismo involucran «mayor complejidad» desoyen las recomendaciones de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de lavado de dinero.
Pese a este fracaso, se lanzó una catarata de medidas en contra de las SAS con las que Nissen siguió intentando ponerle fin a este instrumento societario:
1.- La IGJ obligó a estas firmas a publicar en el Boletín Oficial no sólo su constitución sino el nombre de sus socios, el capital social suscripto y cuánto se integró efectivamente de ese capital
2.- Se publicó una resolución que permite al registro público porteño observar el capital en el acto constitución de una SAS si el objeto social es demasiado importante como para que se justifique
3.- También se les exigió a estas firmas presentar los balances al organismo, con vigencia a partir del 30 de junio. El escribano Adrián Comas comenta que la ley no fija esta obligación, por lo que Nissen «se excede en la reglamentación». La resolución de IGJ no dice que debe usarse papel, sino que mantiene su carácter online, pero aún no hay modo práctico de hacerlo de esta manera
4.- La ley permitía que sólo el último firmante del acto de constitución tuviera firma digital mientras que para el resto se aceptaba la firma electrónica simple. Ahora Nissen pide que todos tengan firma digital más formal
5.- Los administradores que vivan en el extranjero tienen más requisitos con respecto al poder que emiten para la actuación en la Argentina
6.- Por una resolución, la IGJ y el Registro de la Propiedad Inmueble revisarán el uso que las SAS den a sus bienes, aunque estén constituidas en otras provincias. Fiscales del fuero comercial a los que también parecía ordenarles que actuaran rechazaron esta norma
7.- Nissen aprobó un nuevo estatuto modelo con el que pretendió poner tratas a la autonomía de voluntad de los socios en el acto constitutivo que les otorga la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (LACE), la norma que creó las SAS
Otras normas propias de las sociedades anónimas que el funcionario coló en todas esas resoluciones para imponérselas a este modelo son, por ejemplo, exigencia de garantía a los administradores, presentación obligatoria de una memoria, obligatoriedad de reservas facultativas y de la prima de emisión, entre muchas otras.
La Asociación Emprendedores de la Argentina (ASEA) presentó hace pocas semanas un recurso de amparo en la Justicia contra toda esa normativa emanada por Nissen en contra de las SAS, pero una ley del Congreso podría desactivar ese esfuerzo.
El proyecto «anti SAS» del kirchnerismo
El proyecto de Parrilli, ex jefe de inteligencia durante la presidencia de Cristina Kirchner, también lleva la firma de otros «diputados K«, como Jorge Taiana, Nancy González, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, entre otros. Pese a su breve extensión, posee largos fundamentos.
En su primer artículo, la iniciativa suspende por 180 días corridos la constitución e inscripción de SAS y toda tramitación de los actos concernientes a su operatoria que requieran inscripción a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que maneja la Jefatura de Gabinete.
En el segundo artículo, dispone en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de las jurisdicciones que lo utilicen el traspaso inmediato del registro digital de SAS administrado por el GDE a los libros que disponga la autoridad de contralor, sea la IGJ para la Capital o los Registros Públicos del interior del país, para «su administración, control y mantenimiento exclusivo».
De esta forma, la jurisdicción donde quedará en pie la creación de SAS será Córdoba, que ya tiene un sistema digital propio –distinto del TAD que maneja la dependencia de Santiago Cafiero–, por lo que es mantiene su formato 100% digital y el alta demora 48 horas.
En los fundamentos, Parrilli tilda a este formato de «nuevo vehículo jurídico irregular, con nulo control estatal, con el objetivo de constituir empresas fantasmas en la mayoría de los casos, con el único fin del blanqueo de capitales de dudoso origen y compra de inmuebles a instancias de la restauración neoliberal encabezada por el gobierno de Mauricio Macri».
Además, remarca que «sin duda hay verdaderos emprendedores a quienes este tipo societario les puede facilitar su actividad empresarial, pero con los debidos controles estatales. Es harto evidente que la creación de este tipo societario fue utilizada por otros como estrategia para encontrar un esquema societario con beneficios similares a las de tipo offshore».
El escrito cita casos de corrupción que habrían ocurrido durante el macrismo con facturación falsa a ciertos ministerios y funcionarios por parte de algunas SAS que formaban una cadena de «sociedades fantasma».
También ataca al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al afirmar que ciertas operaciones irregulares de compras de inmuebles utilizando empresas inscriptas bajo este formato y con un capital mínimo «gozaron de su beneplácito».
«Si bien las SAS no son estrictamente sociedades offshore, por sus especiales características, hacen las veces de tales, dado que presentan todas las facilidades y características operativas y ofrecen las mismas ventajas que las sociedades constituidas en los paraísos fiscales. Esto permite realizar actividades que facilitan el lavado de dinero y la evasión fiscal», apunta el proyecto.
El argumento que utiliza para equipararlas es precisamente es la facilidad y rapidez para su constitución, porque si bien acepta que beneficia a los emprendedores, advierte por otro lado que «acarrean una grave desventaja, ya que se encuentran excluidas de la órbita del control del Estado».
También asegura que la multiplicidad de objeto que podían tener las SAS hasta que lo vedó Nissen es algo compartido con compañías offshore.
«En definitiva, la insignificancia del capital mínimo exigido por la norma, la liviandad del régimen de responsabilidad de los administradores y socios de las SAS y la amplitud del objeto social sin prácticamente limitación alguna, constituyen rasgos característicos comunes con las sociedades constituidas en paraísos fiscales», concluye la argumentación.
Retroceso
Algunas fuentes consultadas que prefirieron mantener su nombre en reserva consideran que este tipo de normas es «un retroceso» y que «van a contramano no sólo respecto al mundo, sino incluso con relación a Latinoamérica».
«Es muy triste que una herramienta que fue muy útil para formalizar los negocios de emprendedores termine así», lamentan los especialistas, quienes indican que el avance contra este instrumento acelerará la mudanza de negocios a Uruguay. «Tuve cinco casos en estos días», confiaron desde un importante estudio contable.
Gustavo Policella, del estudio del mismo nombre, puntualiza que la figura de las SAS es «muy necesaria, por ejemplo, para monotributistas que prestan servicios a grandes compañías, porque hubo muchos reclamos por relación de dependencia encubierta y esas compañías les exigen que a su vez tengan forma de empresa y no de individuos».
También habían sido elegidas por muchos jóvenes desarrolladores de software, artistas musicales y otros emprendedores que quisieron darle seriedad a su negocio a bajo costo, sin seguir como sociedades de hecho.
José María Allonca, del estudio homónimo, alerta que «hoy se abre una sociedad en cualquier provincia y se puede operar libremente en todo el país».
Fuera de la pelea queda Córdoba, que ya inscribió más de 6.500 de estas firmas en el mismo tiempo en que la IGJ registró unas 11.000. Pero en otros distritos, los emprededores quedarán acorralados por la «Ley Parrilli»