La Iglesia expuso ante Mauricio Macri su preocupación por la pobreza, el avance de las drogas y el aborto

Fue durante un encuentro que se realizó en Casa Rosada entre la Conferencia Episcopal y el Presidente.

Fue una reunión cordial y con buena sintonía en tono de saludo navideño. Pero no por ello quedaron ajenas las diferencias de fondo que existen entre el Gobierno y la cúpula de la Iglesia. En este clima transcurrió hoy el encuentro de Mauricio Macri con los referentes de la Conferencia Episcopal liderada por monseñor Oscar Ojea, quienes plantearon al Gobierno su preocupación por el incremento de la pobreza en la Argentina, el avance de las drogas en los barrios carenciados y el espinoso tema del proyecto de ley del aborto.

Así, el Presidente admitió al evaluar la situación de la pobreza en la Argentina que “todavía tenemos meses duros por delante”. “Estamos en el territorio y sabemos lo que pasa, no ignoramos los problemas”, dijo por medio de un comunicado posterior al encuentro.

A lo largo de una reunión de más de una hora, el jefe de Estado les transmitió a los obispos que el Gobierno está dando “los pasos necesarios en el plano social”, a la vez que coincidieron en seguir trabajando en temáticas de interés como la lucha contra las adicciones y la drogadependencia. Este párrafo estuvo relacionado con una preocupación puntual que planteó Ojea sobre el avance de las drogas y la necesidad de que el estado profundice la atención de los programas sociales en este flagelo.

Además del incremento de la pobreza en la Argentina, un tema que sobrevoló también en la reunión de Macri con la Conferencia Episcopal fue la preocupación de la Iglesia por el proyecto de ley del aborto que se debatió este año a instancias del Poder Ejecutivo. En este contexto, Macri sólo planteó después por medio de un comunicado “en la necesidad de trabajar en la prevención del embarazo adolescente no intencional”.

sde la Iglesia, la Conferencia Episcopal dejó en claro su oposición al proyecto del aborto aunque plantearon la necesidad de trabajar en la educación sexual en línea con la doctrina eclesiástica.

El tema de los fondos del Estado a la Iglesia no se abordó más que tangencialmente ya que esto quedó acordado en el último encuentro con la secretaría de Culto donde se planteó el tema de un desprendimiento gradual del sostenimiento estatal a los sacerdortes.

Por el lado del gobierno participaron además de Macri el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el canciller Jorge Faurie; el secretario de Culto, Alfredo Abriani y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina que visitó a Macri estuvo encabezada por su titular, monseñor Ojea, el arzobispo de Buenos Aires Mario Poli y los obispos Marcelo Colombo y Carlos Malfa.

Las relaciones entre la Casa Rosada y la Iglesia no pasan por su mejor momento. Aun perduran los resentimientos en el Gobierno tras la misa en Luján que lideró monseñor Agustín Radrizzani con los gremios opositores encabezados por Hugo Moyano, pasando por el reciente encuentro de la Comisión de Pastoral Social con un nutrido grupo de líderes de movimientos sociales que le llevaron un duro documento con severas críticas hacia la gestión de Macri.

A todo este contexto crispado se le suman los gestos poco amigables que perciben en el Gobierno de parte del Papa Francisco.

Dos hechos concretos procedentes del Vaticano generaron cierto malestar en la Casa Rosada. Uno de ellos fue la señal que dio el Sumo Pontífice a un grupo de juristas liderados por el abogado kirchnerista Roberto Carlés que le llevó un informe sobre el “uso selectivo de la Justicia” para inhabilitar líderes políticos en América del Sur. Allí hubo, según la publicación Vaticano Insider, una manifiesta preocupación del Papa por la situación judicial de ex presidentes como Lula Da Silva, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y Rafael Correa. El otro gesto que llegó de la Santa Sede fue el reciente mensaje de Francisco al afirmar que “todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado”. Estas palabras fueron vistas por el Gobierno como una inequívioca crítica al protocolo policial impuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.