Julio De Vido y el ex gobernador Daniel Peralta a indagatoria por la millonaria usina de Río Turbio

El ex Ministro de Planificación Federal y su mano derecha, Roberto Baratta, fueron llamados para esta semana.

El ex ministro kirchnerista Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, ambos detenidos por la causa de los cuadernos de la corrupción, volverán esta semana a los tribunales federales por orden del juez Claudio Bonadio. Pero esta vez el juez los llamó a indagatoria por una vieja causa que fue cerrada en dos oportunidades y reabierta por la Cámara Federal: la Usina de Río Turbio, un ambicioso proyecto kirchnerista que no puede funcionar porque no produce el carbón necesario.

Además de De Vido y Baratta, también fueron citados a indagatoria otros ex funcionarios, entre los que está el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y un grupo de empresarios de la firma Isolux-Corsan, encabezados por Juan Carlos De Goycoechea, el hombre de negocios que abrió el dominó de “arrepentidos” en la causa de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

El fiscal Guillermo Marijuan había pedido a fines de agosto las detenciones de los implicados. El juez Bonadio decidió ahora los llamados a indagatoria. Las declaraciones comenzarán el próximo jueves con De Vido y se extenderán hasta el 11 de enero. Para eso, Bonadio habilitó la feria, alertando un verano activo en los tribunales de Comodoro Py.

Puntualmente, Bonadio entendió que en base a “los elementos que se han ido incorporando a la causa tanto por su especificidad como por su volumen” ahora sí “se ha configurado el grado de sospecha suficiente” para llamar a indagatoria a los imputados.

“Se habría perpetrado un significativo perjuicio patrimonial al erario público a raíz de la construcción de la denominada Central Termoeléctrica a carbón Río Turbio, lo cual comprende tanto los actos llevados a cabo por los funcionarios públicos y directivos de la contratista que intervinieron en el trámite de la licitación 12/06 del Ministerio de Planificación para su construcción bajo la modalidad ‘llave en mano’ que culmina con la adjudicación de la obra consorcio Isolux Corsán a un precio ostensiblemente mayor al del mercado internacional”, estableció el juez. La investigación, dijo Bonadio, incluye “los actos llevados a cabo concomitante y posteriormente portal de funcionarios y directivos de la UTE contratista durante la construcción”.

El 14 de diciembre de 2007, el Estado firmó un acuerdo con la empresa Isolux Corsan -aún pese a las observaciones realizadas por la Comisión Evaluadora- para la construcción de una Central Termoeléctrica a Carbón en Río Turbio. Las advertencias aludían a que no estaba solucionado el problema de las toneladas de ceniza que generaría la central ni tampoco cómo la mina iba a generar 240 MW, si la capacidad de producción era de 120.000 toneladas al año.

Para abastecer la central y generar esa cantidad, tenían que multiplicar por diez la producción de carbón de la mina, con un costo extra para el Estado Nacional o bien importar el carbón para alimentar la central. El Estado, sin embargo, firmó que el proyecto “sería ejecutado en 42 meses en la cuenca carbonífera, con una inversión de más de 2600 millones de pesos, cuyo costo total sería cubierto por el Estado Nacional y por la venta de carbón de Río Turbio que no fuera utilizado para la usina”.

En 2009 el entonces diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán radicó una denuncia penal. Según aseguró, “cuando se licitó la obra, el precio pactado era de unos $1.500 millones, pero después de la apertura de ofertas la suma trepó a más de $2.600 millones un año más tarde”, y ello “sin mencionar las distintas readecuaciones provisorias de precios que llevarían a un valor final de la obra de $4.213.041.983”. Allí. además, planteó que con el dinero que se invirtió se podrían haber construido dos centrales termoeléctricas.

En noviembre de 2015, apenas unos meses después de relanzarse y prometer que produciría energía para todos los argentinos, la usina dejó de operar por falta de carbón. El Gobierno terminó debiéndole más de $ 700 millones a la constructora Isolux Corsan, al no aprobar las certificaciones de obra.

El trámite judicial

En Comodoro Py, Bonadio cerró la causa en dos veces, con aval del fiscal, al no poder corroborar las denuncias. Los fiscales de la Procuración de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez y María Andrea Garmendia Orueta se opusieron al sostener “resultan ineludibles” realizar una serie de peritajes que debían hacerse antes de cerrar la causa. La Cámara Federal les dio razón.

Con la reactivación ahora de la causa y el expediente de los cuadernos, Marijuan amplió la hipótesis investigativa y advirtió “la existencia de presuntos pagos irregulares a la empresa contratada –Isolux Corsan- través de 8 pagarés por un monto total de 143 millones de dólares, en forma anticipada, que habrían implicado eventuales pagos de retornos a funcionarios”.

“El procedimiento de licitación, contratación, ejecución y financiamiento de la obra de construcción de la CTRT, caracterizado por las numerosas irregularidades supuso un incremento patrimonial indebido para el Grupo Isolux. A ese resultado –beneficio del grupo privado y perjuicio al Estado- no habría podido arribarse sin la intervención de funcionarios públicos interesados como parte en las gestiones necesarias para la licitación de la obra, la contratación y autorización de variantes y adendas a la obra de construcción de la CTRT asignadas directamente al Grupo Isolux, que participó activamente y se benefició con la maniobra”, sostuvo Marijuan en el dictamen.

Así las cosas, una oferta realizada por la UTE que fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 (equivalente a $ 2.662.044.205) terminó ascendiendo a U$S 1.726.251.982. “La ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas desde el inicio de la licitación, son indicadores que permiten sospechar que los funcionarios públicos intervinientes persiguieron beneficiar al mencionado grupo empresario”, se añadió.

Bonadio interrogará el jueves próximo a De Vido y el viernes a Baratta, y la semana próxima fue citado el ex Inspector de Obra de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, Néstor Prades. Las declaraciones continuarán el 3 de enero con varios de los protagonistas de la otra causa Río Turbio (por la que fue preso De Vido inicialmente y que está en manos del juez Luis Rodríguez.

Allí fueron citado el ex coordinador General de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Miguel Ángel Larregina y, al día siguiente, el ex secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral. Entre el 7 y 9 de enero se espera a los responsables del grupo empresario Isolux-Corsan: Juan Carlos de Goycoechea (primer arrepentido de cuadernos y procesado como miembro de asociación ilícita), Ernesto Alejo Maxit, Mario Maxit y Alejandro Koweindl.

En tanto, el 10 de enero declararán ex interventores de YCRT Rolando Aramini y Atanacio Pérez Osuna (preso por la causa Río Turbio) y al día siguiente cerrará la lista el ex gobernador Peralta, quien había presentado un pedido de eximición de prisión apenas se enteró que el fiscal Marijuan pedía su arresto.