Santa Fe administrará durante 20 años la Ruta Nacional A012, un corredor clave para el complejo agroexportador del Gran Rosario. El acuerdo marca un precedente en la relación entre Nación y provincias, en medio de reclamos por rutas deterioradas y obra pública paralizada.
El Gobierno nacional y la provincia de Santa Fe firmarán este miércoles un convenio que puede marcar un antes y un después en la administración de la infraestructura vial argentina: por primera vez, una provincia asumirá la administración integral de una ruta nacional.
El acuerdo será rubricado en la Casa Rosada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico.
La ruta cedida será la Ruta Nacional A012, un corredor estratégico que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta el tránsito pesado con el principal polo agroexportador del país. Según el convenio, Santa Fe se hará cargo durante 20 años, con recursos propios, de la administración, conservación, mantenimiento, rehabilitación y ejecución de obras sobre ese tramo.
La A012 funciona como un anillo vial alrededor del Gran Rosario. Su importancia no está solo en la circulación diaria, sino en el peso económico del corredor: conecta rutas nacionales y provinciales que desembocan en los puertos desde donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites.
El trazado une la Ruta Nacional 9 con la Ruta Nacional 11 y también enlaza con las rutas nacionales 33 y 34. En la práctica, permite desviar tránsito pesado de zonas urbanas y facilitar el acceso al cordón industrial y portuario del Gran Rosario.
Para Santa Fe, el deterioro del corredor se había transformado en un problema logístico, productivo y de seguridad vial. Desde el gobierno provincial señalaron que la paralización de la obra pública nacional y el mal estado de la ruta motivaron el pedido formal realizado a comienzos de 2024 para poder hacerse cargo del mantenimiento y las obras.
El convenio no es una simple obra puntual. Lo novedoso es el modelo: Nación mantiene la titularidad nacional del corredor, pero transfiere la administración integral a una provincia por un período determinado.
Eso implica que Santa Fe podrá planificar y ejecutar tareas de mantenimiento, recuperación de calzada, mejoras de seguridad vial y obras para ordenar el tránsito pesado. La provincia asumirá los costos con recursos propios, algo que abre una discusión más amplia sobre federalismo, financiamiento y responsabilidades en infraestructura.
El traspaso había sido anticipado en abril por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una actividad en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí se mencionó la decisión de avanzar con la cesión de la A012 y con nuevas gestiones de financiamiento internacional para obras vinculadas al desarrollo portuario.
La decisión puede convertirse en un caso testigo. Si el esquema funciona, otras provincias podrían reclamar un mecanismo similar para rutas nacionales deterioradas, especialmente en zonas productivas, turísticas o de alto tránsito logístico.
Para Córdoba, el antecedente no es menor. La provincia tiene corredores nacionales estratégicos para el turismo, la producción, el transporte de cargas y la conexión con otras regiones del país. Rutas como la 19, la 9, la 36, la 38, la 158 o la 60 forman parte de la vida económica cordobesa y suelen estar en el centro de reclamos por mantenimiento, seguridad vial, demoras de obras o falta de inversión nacional.
El convenio con Santa Fe abre una pregunta inevitable: ¿podrían las provincias asumir más responsabilidad sobre rutas nacionales si Nación no invierte? La respuesta no es sencilla. Para algunos gobiernos provinciales, administrar una ruta clave permitiría resolver problemas urgentes sin esperar decisiones de Buenos Aires. Para otros, implica hacerse cargo de costos que originalmente corresponden al Estado nacional.
El acuerdo también debe leerse dentro del modelo de infraestructura que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de la gestión, la Casa Rosada redujo fuertemente la obra pública nacional y promovió alternativas de financiamiento, concesiones, transferencias o participación privada.
En ese contexto, la cesión de una ruta nacional a Santa Fe aparece como una forma de descentralizar responsabilidades. El mensaje político es claro: si una provincia considera estratégica una obra o un corredor, deberá estar dispuesta a aportar recursos, gestionar financiamiento o asumir la administración.
Ese cambio puede tener ventajas en velocidad de respuesta, porque los gobiernos provinciales conocen de cerca los problemas territoriales. Pero también tiene riesgos: no todas las provincias cuentan con la misma espalda fiscal para sostener rutas de alto tránsito, y una transferencia mal diseñada podría profundizar desigualdades entre distritos con más recursos y provincias con menor capacidad de inversión.
La propuesta santafesina tuvo respaldo de entidades empresarias, cámaras del transporte, municipios y comunas de la región. El reclamo central era una intervención urgente sobre una vía considerada decisiva para la competitividad logística nacional.
Para el transporte de cargas, una ruta deteriorada no solo implica incomodidad o demoras. Significa más costos de mantenimiento, mayor consumo, rotura de unidades, riesgos de accidentes y pérdida de competitividad. En corredores vinculados a puertos o producción agroindustrial, esos problemas terminan impactando sobre toda la cadena económica.
Una vez formalizado el convenio, Santa Fe prevé iniciar tareas de mantenimiento, recuperación de la calzada, mejoras de seguridad vial y obras destinadas a optimizar la circulación del tránsito pesado.
El resultado será observado de cerca por la Nación, por las provincias y por el sector privado. Si la administración provincial logra mostrar mejoras visibles, el caso A012 puede transformarse en un modelo replicable. Si, en cambio, la transferencia deriva en problemas de financiamiento o gestión, el antecedente quedará bajo revisión.
La discusión de fondo va mucho más allá de una ruta santafesina. La Argentina tiene una red vial nacional extensa, con tramos muy deteriorados y obras frenadas en distintas provincias. El dilema es quién debe hacerse cargo cuando Nación recorta la inversión y las provincias reclaman soluciones urgentes.
Para Córdoba y el resto del interior productivo, el caso Santa Fe será una señal a seguir. Puede abrir una nueva etapa de acuerdos interjurisdiccionales para sostener rutas clave, pero también una pulseada por fondos, competencias y responsabilidades.
Por ahora, el dato político es fuerte: Nación cede por primera vez la administración integral de una ruta nacional a una provincia. Y ese movimiento puede redefinir cómo se discutirán las obras viales en los próximos años.