Hubo críticas de legisladores opositores por la “escasa” información oficial sobre el plan económico del Gobierno.
La Cámara de Senadores convirtió hoy en Ley por unanimidad el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa con los votos del oficialista Frente de Todos y de todos los senadores de la oposición presentes.
El proyecto de ley se enmarca dentro de la Ley de Administración Financiera, que establece en su artículo 65 que el “Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida en que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.
En Diputados, la media sanción al proyecto sobre la renegociación de la deuda se votó el miércoles pasado con 224 votos a favor, dos en contra y una abstención tras el acuerdo alcanzado por altos funcionarios del Gobierno con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa; el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; los gobernadores de Juntos por el Cambio (Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez) y el jefe del interbloque Mario Negri, a quienes se sumaron el vicepresidente de la Cámara, Álvaro González, por el PRO, y el jefe de la UCR, Alfredo Cornejo.
Qué indica el proyecto
Los primeros artículos autorizan al Poder Ejecutivo a realizar el canje, con lo que este proceso conlleva, como la contratación del estudio de abogados, que ya es un hecho y es Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y del grupo de bancos que tendrá el mandato de la reestructuración de la deuda soberana, así como la definición de los respectivos prospectos de los nuevos títulos.
Respecto de la prórroga de jurisdicción, lo concreto es que el proyecto de ley reafirma que los nuevos bonos se emitirán bajo legislación extranjera. En su artículo 3°, el proyecto establece que la autorización para la autoridad de aplicación de la ley, es decir, el ministerio de Economía, a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros”.
