Se aprobó por unanimidad en el Senado y ahora pasa a Diputados. Apunta a penalizar a las empresas por delitos de corrupción.
El Senado aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria.
Busca crear un régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública, respaldado por entidades multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La iniciativa recibió la media sanción y ahora va a la Cámara de Diputados para analizar si es definitiva.
El proyecto, aprobado en general con 65 votos a favor y ninguno en contra, fue impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado con cambios por la Cámara baja en julio pasado, pero el Senado introdujo nuevas modificaciones, entre ellas la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos, que quedó fijada en seis años, y la acotación de las multas al daño producido, por lo que fue enviado nuevamente a Diputados.
El mismo establece que las empresas podrán contar con un Programa de Integridad para prevenir a su personal de incurrir en delitos de corrupción, pero además la existencia de ese espacio será obligatoria para contratar con el Estado y funcionará como atenuante en caso de una condena contra la compañía.
