Es un proyecto elaborado por la legisladora porteña María Rachid que, de ser aprobado, beneficiaría a las personas trans que tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires. En un principio se hablaba de 8.000 pesos, pero en realidad el monto sería de 2.000, según el proyecto presentado en 2012.
Una propuesta legislativa elevada por una representante del Frente para la Victoria en el distrito porteño promete generar un arduo debate que, como de costumbre, se ganará fervorosas adhesiones y numerosas críticas.
Te acabo de contar en @radiolared el proyecto de ley k para darle un subsidios de 8 mil pesos a travestis. pic.twitter.com/o7iLfS8PuT
— Lucas Morando (@morandolucas) noviembre 25, 2014
En el beneficio «están comprendidas las personas trans con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», que cumplan con el rango de edad antes mencionado y hayan cambiado su DNI según la ley de Identidad de Género.
En la iniciativa se establece que «el monto del subsidio es de mil doscientas (1200) unidades fijas mensuales y el goce del mismo es compatible con otros ingresos que no superen las tres mil quinientas (3500) unidades fijas mensuales».
Como el valor de la unidad fija (se usa para calcular el monto de las sanciones) es actualmente de $6,40, el subsidio que recibirían las personas trans sería exactamente de $7.680. Y en base a lo que indica la reglamentación, estarían habilitados a cobrarlo incluso quienes tengan un ingreso aparte que no supere los $22.400.
Sin embargo, en diálogo con Perfil.com Rachid explicó: «El subsidio no es de 8000 pesos, sino que el proyecto fue presentado en 2012 cuando las unidades fijas eran de $2 pesos por lo que el subsidio sería de unos $2000 pesos. Hace un año, el macrismo aumentó su valor a $6,40, para tener mayores ingresos en multas e impuestos, y por eso es que se llegó a esta nueva cifra. Sin embargo, vamos a bajar la cantidad de unidades fijas para que el subsidio vuelva a estar acorde con la cifra original».
«La población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera ‘muerte civil’ sin el más básico respeto por sus derechos. Entre los derechos constitucionales vulnerados podemos enumerar: a la igualdad y no discriminación; a la dignidad personal; al trabajo; a la seguridad física; a la seguridad social; a la privacidad; a la salud integral; a una adecuada calidad de vida; a la garantía de acceso a la educación; a una adecuada calidad de vida, entre otros», sostiene el proyecto.
En la iniciativa, Rachid también hace énfasis en la esperanza de vida y las principales causas de muerte en la comunidad trans. «Los promedios de esperanza de vida según los datos que poseen algunas referentes arrojan un mínimo de 35,5 y un máximo de 41,25 años. Mientras tanto la esperanza de vida en Latinoamérica ronda los 75 años».
«Consideramos que son sobrevivientes. Son muy pocas las personas trans que superan los 40 años. En la Ciudad son aproximadamente 100, y es un sector que durante toda la vida fueron excluídos», explicó la legisladora en relación al proyecto que apoyan todos los sectores políticos que integran la mesa de FALGBT.