Un impactante video de seguridad obtenido por CNN reveló la brutal agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su entonces pareja, Cassie Ventura, en el InterContinental Hotel de Century City, Los Ángeles. Las imágenes confirman las acusaciones de Ventura, quien había denunciado al productor musical en noviembre de 2023, describiendo episodios de abuso físico y sexual durante su relación. La demanda se resolvió recientemente con un acuerdo extrajudicial.
El video, grabado el 5 de marzo de 2016, muestra a Cassie saliendo de una habitación y dirigiéndose hacia los ascensores. Combs, cubierto solo con una toalla, corre hacia ella, la agarra por la nuca y la arroja al suelo, seguido de una serie de patadas. La cantante permanece en el piso mientras el agresor recoge un bolso y una maleta, para luego arrastrarla hacia una habitación antes de que ella logre levantarse y dirigirse a un teléfono. El video finaliza con Combs lanzando un objeto contra la modelo.
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El abogado de Cassie, en contacto con CNN, expresó: “El desgarrador video solo ha confirmado aún más el comportamiento perturbador y depredador del Sr. Combs. No hay palabras que expresen el coraje y la fortaleza que ha mostrado la Sra. Ventura para sacar esto a la luz”. La demanda de noviembre detallaba un incidente donde el productor, “extremadamente intoxicado”, golpeó a Cassie en la cara, dejándola con un ojo morado, y la persiguió gritando en el pasillo del hotel, lanzándole jarrones de vidrio.
Además, la denunciante acusó a Combs de haber pagado $50,000 al hotel para obtener las grabaciones de seguridad de esa noche. La denuncia forma parte de una serie de abusos recurrentes que Ventura sufrió durante su relación con el productor. Combs, sin embargo, negó las acusaciones, calificándolas de “ofensivas y escandalosas”. A pesar de ello, se firmó un acuerdo extrajudicial que, según el agresor, “no es en ninguna manera una admisión de delitos”.
Desde entonces, Combs ha enfrentado otras cinco demandas civiles por mala conducta sexual y otros delitos. En abril, las autoridades registraron sus propiedades en California y Florida como parte de una investigación federal sobre tráfico humano. Su abogado, Aaron Dyer, calificó la intervención como una “cacería de brujas” y reafirmó la inocencia de su cliente, alegando que no se encontró responsabilidad criminal o civil en las acusaciones.
