La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 423/2026. Habrá una reducción inmediata para cultivos de invierno y un cronograma progresivo para soja, maíz, sorgo, girasol y biodiésel entre 2027 y 2028.
El Gobierno nacional oficializó el nuevo esquema de reducción gradual y permanente de las retenciones para el sector agroindustrial, una de las medidas más esperadas por el campo y por las economías regionales vinculadas a la producción exportadora.
La decisión fue formalizada este miércoles a través del Decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a los principales complejos agroindustriales del país, entre ellos soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, girasol y biodiésel.
La medida había sido anunciada por el presidente Javier Milei a mediados de mayo y ahora quedó incorporada formalmente al esquema tributario nacional. El Gobierno la presenta como parte de una estrategia para mejorar la competitividad, incentivar exportaciones, dar previsibilidad al sector privado y avanzar, de manera progresiva, hacia la eliminación de un impuesto que la administración libertaria considera distorsivo.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que busca fortalecer el impulso exportador del agro mediante simplificación de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y reducción de impuestos. Además, ratificó que los derechos de exportación serán reducidos “en la medida en que lo permita el superávit fiscal” hasta su eventual desaparición.
El programa tiene dos componentes centrales. El primero es de aplicación inmediata para los cultivos de invierno. El segundo establece un cronograma de reducción mensual para cultivos de verano y derivados agroindustriales durante 2027 y 2028.
Para los cultivos de invierno, el cambio será inmediato. El trigo en grano pasará a tributar una alícuota del 1%, mientras que la harina de trigo quedará en 2,5%. En el caso de la cebada, la alícuota será del 5,5%.
En los cultivos de verano, el recorte será más gradual. La soja en grano, que en 2026 parte de una alícuota del 24%, comenzará a bajar mensualmente desde enero de 2027 hasta llegar al 15% en diciembre de 2028. El aceite de soja, en tanto, pasará de alícuotas de entre 18% y 22% en 2026 a valores de entre 11% y 14% hacia fines de 2028.
Para maíz y sorgo, el esquema contempla retenciones cero para algunos derivados y reducciones escalonadas para otros productos. Las alícuotas pasarán del 8,5% en 2026 al 7,5% hacia fines de 2027 y al 5,5% desde diciembre de 2028.
En el caso del girasol, algunas variedades específicas quedarán exentas de retenciones, mientras que el aceite de girasol tributará entre 2,5% y 4,5% en 2026, con una reducción progresiva hasta ubicarse entre 1% y 3% hacia fines de 2028.
El esquema también incluye al biodiésel. El producido a partir de aceites de colza, cártamo o camelina tendrá una alícuota del 0%, mientras que el biodiésel con aceite de soja reducirá su carga desde el 21% hasta llegar al 13% a fines de 2028.
Para el Gobierno, la decisión busca ordenar una baja previsible, verificable y compatible con el objetivo fiscal. A diferencia de reducciones transitorias o medidas de emergencia, el decreto plantea un sendero permanente que pretende dar señales de largo plazo al sector agroexportador.
La lectura política también es clara. Milei busca recomponer la relación con el campo, un sector clave para la generación de divisas y para la dinámica productiva del interior. La baja de retenciones funciona como un gesto directo hacia productores, acopios, exportadores, cooperativas y cadenas de valor que durante años reclamaron una reducción de la presión tributaria sobre las ventas externas.
El campo, sin embargo, seguirá mirando dos variables centrales: el ritmo real de la baja y la estabilidad macroeconómica. Las retenciones son un componente importante de la rentabilidad, pero no el único. Tipo de cambio, costos logísticos, combustibles, insumos, financiamiento, clima y reglas comerciales también condicionan las decisiones de siembra, inversión y exportación.
En provincias agroindustriales como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, el impacto de la medida será seguido de cerca. Córdoba, en particular, tiene un peso fuerte en maíz, soja, trigo, maní, ganadería y bioenergía, por lo que cualquier modificación en derechos de exportación repercute sobre productores, contratistas, transportistas, industrias y economías locales.
La medida también puede tener impacto fiscal. Las retenciones representan una fuente de ingresos para el Estado nacional, por lo que su reducción gradual implicará resignar recaudación en el tiempo. El Gobierno apuesta a compensar esa baja con mayor producción, más exportaciones, ampliación de mercados y crecimiento de la actividad económica.
Ese será el punto decisivo: si la baja de alícuotas logra traducirse en más inversión y mayor volumen exportador, el Ejecutivo podrá presentarla como una reforma procrecimiento. Si la respuesta productiva demora o si el escenario internacional se complica, el costo fiscal podría quedar más expuesto.
Por ahora, el Gobierno eligió mostrar la medida como parte de su hoja de ruta económica: menos impuestos distorsivos, más apertura comercial y mayor previsibilidad para el sector privado. Para el agro, significa una señal esperada, aunque todavía parcial. Para la política económica, representa una apuesta a que el alivio tributario se transforme en más producción, más dólares y más actividad en el interior productivo.