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jueves 7 mayo 2026

La Corte rechazó el “per saltum” del Gobierno y la reforma laboral seguirá su camino judicial

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El máximo tribunal declaró inadmisible el pedido del Ejecutivo para intervenir de manera directa en la causa. La decisión no resuelve el fondo de la discusión, pero obliga a que el expediente continúe en las instancias inferiores.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario por salto de instancia, conocido como per saltum, que había presentado el Gobierno nacional para que el máximo tribunal interviniera de manera directa en la causa judicial vinculada a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

La resolución representa un revés para la estrategia judicial de la Casa Rosada, que buscaba acelerar una definición sobre la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral sin esperar el recorrido habitual del expediente por las instancias inferiores. Sin embargo, el fallo no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma, sino únicamente sobre la procedencia del mecanismo elegido por el Ejecutivo.

Según trascendió, la decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Los jueces entendieron que no estaban dadas las condiciones excepcionales previstas por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para habilitar el salto de instancia.

El per saltum es una herramienta extraordinaria que permite llevar un caso directamente a la Corte Suprema sin que antes se expidan los tribunales intermedios. Para que proceda, debe existir una situación de notoria gravedad institucional y una urgencia que justifique apartarse del trámite judicial ordinario.

En este caso, el Gobierno argumentaba que la discusión sobre la reforma laboral tenía suficiente relevancia institucional como para que la Corte interviniera de inmediato. La Casa Rosada pretendía obtener una definición rápida que despejara la incertidumbre judicial sobre uno de los pilares de su programa económico y laboral.

La Corte, en cambio, consideró que el expediente debe continuar su curso normal. Esto significa que la discusión seguirá en las instancias inferiores y que el máximo tribunal recién podría intervenir más adelante, si el caso llega por las vías procesales correspondientes.

La disputa judicial se originó a partir de los planteos contra distintos artículos de la reforma laboral. Sectores sindicales, entre ellos la CGT, cuestionaron la constitucionalidad de la norma y llevaron el reclamo a la Justicia. En primera instancia, se había dispuesto la suspensión de una parte importante de la ley, aunque luego la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revirtió esa decisión y restituyó su vigencia.

Por eso, el rechazo de la Corte no significa que la reforma laboral quede anulada. La ley continúa sometida al debate judicial, pero el Gobierno no logró que el máximo tribunal tomara el caso de manera directa y urgente.

La reforma laboral es una de las iniciativas más sensibles del oficialismo. El Ejecutivo la presenta como una herramienta para modernizar las relaciones laborales, reducir costos, fomentar la contratación formal y dar mayor previsibilidad al sector privado. Del otro lado, sindicatos y sectores opositores sostienen que la norma afecta derechos adquiridos y modifica el equilibrio tradicional entre trabajadores, empresas y organizaciones gremiales.

Con esta resolución, la Corte evitó adelantar una posición sobre el fondo del conflicto. El tribunal no evaluó si la reforma es válida o inválida, sino que se limitó a rechazar el camino procesal utilizado por el Gobierno.

La decisión deja abierta una discusión política y judicial que seguirá escalando en los próximos meses. Para la administración Milei, la reforma laboral forma parte del paquete de cambios estructurales que considera necesario para dinamizar la economía. Para sus críticos, en cambio, se trata de una avanzada sobre derechos laborales que deberá ser revisada en profundidad por la Justicia.

En términos concretos, el mensaje de la Corte fue claro: no habrá atajo judicial. La discusión sobre la reforma laboral deberá continuar por los carriles ordinarios antes de llegar, eventualmente, al máximo tribunal.

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