El Parlamento Europeo remitió este miércoles a la justicia del bloque el acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur, luego de una votación cerrada en Estrasburgo que terminó con 334 apoyos y 324 rechazos.
La medida implica que el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá evaluar si el tratado firmado recientemente en Paraguay se ajusta a los tratados y normas que rigen a los 27 Estados miembros. Mientras se realiza este análisis, el acuerdo podría aplicarse de manera provisional.
Mientras tanto, la Eurocámara aguardará el pronunciamiento judicial antes de someter el texto a votación en el pleno, aunque los eurodiputados podrán continuar examinando su contenido.
El acuerdo, que demandó 26 años de negociaciones, fue estructurado por la Comisión Europea en dos partes: una política y de cooperación, y otra estrictamente comercial. Esta división permitiría que la parte comercial avance de manera más rápida, ya que solo requiere el aval del Parlamento Europeo para su aplicación provisional, sin pasar por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros. Precisamente, este punto es uno de los que genera mayores objeciones entre los legisladores.
Entre las dudas que el Parlamento busca despejar figura el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que habilita a los países del Mercosur a cuestionar normativas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones. Para varios eurodiputados, este mecanismo podría entrar en colisión con la autonomía regulatoria de la UE y con sus tratados fundacionales.
Pese a que la decisión suspende el proceso de ratificación, la Comisión Europea aún podría avanzar con la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo si al menos uno de los países del Mercosur completa su proceso interno de adopción. No obstante, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia política, en especial de sectores agrícolas europeos que vienen protagonizando protestas contra el tratado.
El portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, aseguró que las objeciones planteadas “no están justificadas” y sostuvo que ya fueron abordadas en profundidad con la Eurocámara. En contraste, referentes de la izquierda y de los Verdes celebraron el resultado de la votación y advirtieron que cualquier intento de aplicar el acuerdo de forma provisional podría derivar en un “escándalo democrático”.
El envío del acuerdo al Tribunal de Justicia se produce además en un contexto geopolítico sensible, marcado por las tensiones comerciales globales y las amenazas arancelarias del expresidente estadounidense Donald Trump, lo que añade presión al debate interno europeo sobre el futuro del pacto con el Mercosur.
