El Fiscal en lo Penal Económico, Gustavo Hidalgo, solicitó la citación a juicio de las imputadas Verónica Elena Maidana –funcionaria de la Dirección de Rentas- y de Marcela Antonia Pivetta, contadora pública, por suponerlas coautoras responsables del delito de tráfico de influencias.
La investigación tuvo su inicio durante el año 2014 en el marco de una denuncia del titular de la Secretaria de Ingresos Públicos de la Provincia, dependiente del Ministerio de Finanzas, a raíz de irregularidades detectadas en la Dirección de Rentas, quién a través de la Procuración del Tesoro Provincial se constituyeron en querellantes.
De la investigación practicada se pudo sostener que Maidana, actuando con acuerdo previo de la contadora Pivetta, quién sería su socia, habiendo tomado conocimiento de la preocupación de la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, de trámites pendientes de resolución en la Dirección de Rentas –entre ellos la exención del pago de ingresos brutos y el reintegro de dineros mal retenidos a la misma por aproximadamente $ 600.000-; se habrían contactado con directivos de la federación ofreciéndoles los servicios del estudio contable de Pivetta, quién tendría a cargo la realización del trámite mientras que Maidana agilizaba los mismos, con el consiguiente pago de honorarios derivados de su actuación.
La imputación a las mujeres es en el marco del artículo 265 del Código Penal, que dice: será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.
Maidana habría hecho valer indebidamente su influencia ante funcionarios públicos del área de la Dirección antes mencionada, a los fines de agilizar el trámite de renovación de exención impositiva, así como el reintegro de las sumas erróneamente debitadas en dicho concepto, todo a cambio de una dádiva, que consistía en un rédito económico para ambas imputadas. Este delito castiga a quién “por si o por interpuesta persona solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valor indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.
