La mujer fue denunciada por un grupo de médicas del Hospital Fernández de Capital Federal por haber provocado la interrupción de su embarazo y estuvo detenida al menos 10 horas.
Una mujer de 28 años se presentó a la guardia del Hospital Fernández el pasado 29 de junio alrededor de las 12.30 y fue asistida por las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich, quienes, al constatar que el feto estaba muerto, le practicaron un parto para expulsarlo.
Ante la sospecha de que la paciente había utilizado pastillas para interrumpir su embarazo, Rosana Elizabeth Buffa, médica del área de Obstetricia del Fernández, la denunció a la mañana siguiente. Ante esto, un grupo de policías arribó al hospital y trasladó a la joven a la comisaría 53ª, donde la mantuvieron presa durante diez horas, pese a que todavía sufría pérdidas.
El caso, que se produjo hace cuatro meses pero se conoció recién ahora, provocó la reacción de la Defensoría General de la Nación, cuya titular, Stella Maris Martínez, expresó lo que había sucedido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y le envió una nota a la ministra de Salud de la Ciudad y al director del Fernández.
En ella, la funcionaria informó que al denunciar a la paciente se violaron sus derechos a la vida, a la salud y a la intimidad. Y consideró que también se sometió a la paciente a violencia institucional y obstétrica, de acuerdo con los términos de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Por el contrario, para el Ministerio de Salud “los médicos están obligados a realizar la intervención policial” si tienen “la presunción o evidencia de maniobras abortivas” por indicación “de la Dirección General Legal y Técnica”.
La mujer aseguró a la defensora pública que las médicas que la atendieron le hicieron comentarios condenatorios y le habrían indicado una dosis menor de medicación para atenuar el dolor, para que “sienta lo que hizo”; mas allá de esto, afirmó que más tarde una enfermera le dio la dosis completa.
Finalmente, la causa penal iniciada contra la mujer de 28 años, terminó con la declaración de nulidad de todo lo actuado y con su sobreseimiento, que para la Defensoría General de la Nación, “no repara las distintas violaciones de derechos humanos a las que fue sujeta ni es en sí mismo una garantía de no repetición”.
Por Alejandro Russenberger | @ale_russen
