La Casa Rosada analiza incluir cambios en ambas leyes dentro del proyecto de Presupuesto 2027. El objetivo oficial es reducir el impacto fiscal, pero el movimiento anticipa una nueva pulseada con gobernadores, bloques aliados, universidades y organizaciones vinculadas a discapacidad.
El Gobierno nacional comenzó a diseñar una nueva estrategia para modificar dos leyes sensibles: la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. Después del traspié sufrido durante el tratamiento del Presupuesto 2026, la Casa Rosada evalúa volver a la carga, pero esta vez dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre.
La decisión todavía no está cerrada, pero ya forma parte de las conversaciones políticas del oficialismo. En Balcarce 50 consideran que ambas normas generan un impacto fiscal relevante y que cualquier aumento permanente del gasto debe quedar atado a una fuente concreta de financiamiento. Bajo esa lógica, el Presupuesto aparece como la herramienta elegida para ordenar la discusión y evitar nuevas leyes con costos que, según el Ejecutivo, comprometan el equilibrio de las cuentas públicas.
El antecedente inmediato fue el debate del Presupuesto 2026. En esa oportunidad, el oficialismo intentó incorporar un capítulo para modificar las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario. Sin embargo, la propuesta fue rechazada durante la votación en particular, aunque el proyecto presupuestario había conseguido aprobación en general. Esa derrota dejó una enseñanza para el Gobierno: no alcanza con llegar al recinto, hace falta negociar antes con gobernadores y bloques aliados.
Por eso, la nueva ofensiva aparece vinculada directamente al armado político de los próximos meses. La Casa Rosada busca llegar a septiembre con acuerdos más firmes con mandatarios provinciales y legisladores dialoguistas, no solo para blindar el Presupuesto 2027, sino también para avanzar con otras reformas que considera prioritarias en la segunda mitad del mandato.
El frente universitario será uno de los más difíciles. La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes y a la recomposición de becas estudiantiles. Aunque en el Gobierno remarcan que esa resolución no define el fondo de toda la ley, admiten que condiciona el margen de maniobra para intentar modificarla.
Para descomprimir el conflicto, el Ejecutivo ya había acordado una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una mejora en las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las universidades mantuvieron sus reclamos judiciales al considerar que esas medidas no reemplazan el cumplimiento pleno de la ley vigente.
En el caso de discapacidad, el oficialismo apunta a revisar el régimen de emergencia con un argumento centrado en controles y sustentabilidad fiscal. El proyecto que analiza el Ejecutivo contempla reforzar auditorías sobre pensiones no contributivas, avanzar con un nuevo reempadronamiento de beneficiarios, revisar incompatibilidades y modificar el esquema de financiamiento de las prestaciones.
El Gobierno sostiene que necesita ordenar el sistema para evitar irregularidades y reducir el costo fiscal. Pero el tema es altamente sensible: cualquier modificación en discapacidad suele encender alertas en familias, prestadores, transportistas, instituciones terapéuticas y organizaciones sociales que denuncian demoras, atrasos de pagos y pérdida de cobertura.
La discusión, entonces, no será solamente técnica. Para el oficialismo, el eje es cómo compatibilizar derechos, prestaciones y universidades con el equilibrio fiscal. Para la oposición y los sectores afectados, el riesgo es que la lógica del ajuste termine debilitando áreas esenciales del Estado: educación pública, salarios docentes, becas, hospitales universitarios y atención a personas con discapacidad.
El timing político tampoco es casual. El Gobierno quiere ordenar primero la relación con gobernadores, cerrar apoyos para el Presupuesto y avanzar en paralelo con la reforma electoral. En la Casa Rosada consideran que resolver el debate sobre las PASO antes del ingreso del Presupuesto puede facilitar negociaciones de cara a 2027 y mejorar la posición del oficialismo frente a las provincias.
El Presupuesto 2027 será, en los hechos, mucho más que una ley de gastos y recursos. Funcionará como el gran campo de batalla de la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Allí se discutirán las prioridades fiscales, el margen de financiamiento de áreas sensibles y la capacidad del Gobierno para transformar su programa de ajuste en una arquitectura institucional más estable.
La Casa Rosada sabe que otro revés legislativo en temas de alto impacto social podría tener costos políticos. Por eso, el oficialismo intenta llegar con una negociación más madura que la de 2026. El problema es que el Congreso ya demostró que no está dispuesto a acompañar cualquier recorte sin discutir el impacto concreto en universidades y discapacidad.
Para las provincias, la discusión también será compleja. Muchos gobernadores dependen del sistema universitario como motor educativo, sanitario y económico en sus distritos. También enfrentan reclamos locales de familias y prestadores vinculados a discapacidad. Por eso, aunque puedan negociar fondos o acompañar parte del Presupuesto, difícilmente entreguen un respaldo automático a cambios que puedan generar conflicto social en sus territorios.
La ofensiva del Gobierno abre así una nueva etapa de tensión. Milei necesita sostener el equilibrio fiscal como bandera central de su gestión. Pero al mismo tiempo enfrenta demandas concretas de sectores que reclaman financiamiento, actualización de prestaciones y cumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso.
El debate que se viene será una prueba de gobernabilidad. Si el oficialismo logra acuerdos, podrá incluir modificaciones dentro del Presupuesto 2027 y ordenar el impacto fiscal de ambas normas. Si vuelve a fracasar, quedará expuesto a otro límite legislativo en áreas donde la oposición, las universidades y las organizaciones sociales ya demostraron capacidad de presión.
Por ahora, la estrategia está en estudio. Pero el mensaje político es claro: el Gobierno no abandonó su intención de revisar las leyes de discapacidad y universidades. Solo cambió el camino. Esta vez, buscará hacerlo dentro del Presupuesto, con más negociación previa y con la mira puesta en septiembre.
