La fiscal de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, quedó en el centro de un fuerte escándalo judicial tras ser acusada de presuntos delitos de corrupción, coacción, abuso de autoridad y manipulación de causas penales.
La investigación fue impulsada por la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, quien solicitó una investigación jurisdiccional ante la Justicia para determinar si existen responsabilidades penales en el accionar de Companys.
Entre las denuncias más graves figura la de una testigo que aseguró haber sido “apretada” para declarar en una causa vinculada a la desaparición de Mariela Bessonart. Según trascendió, la persona ya cuenta con custodia policial.
Otra de las denunciantes es Alicia Peresutti, ex auditora general de Villa María, quien sostiene que la fiscal cometió irregularidades durante una investigación en la que estuvo detenida durante cinco días. Peresutti asegura que Companys habría falseado información para mantenerla presa y denunció maniobras de amedrentamiento.
Además, en un pedido de jury presentado ante la Legislatura provincial, se mencionan prácticas intimidatorias, como colocar un arma sobre la mesa durante declaraciones o hacer sonar esposas para presionar testigos.
También se cuestiona la actuación de la fiscal en otras causas sensibles, entre ellas la concesión de prisión domiciliaria a un imputado por delitos sexuales sin tobillera electrónica ni control judicial.
El caso genera fuerte conmoción en el ámbito judicial cordobés, mientras avanzan distintas investigaciones y crece la presión para que se determine si hubo mal desempeño o delitos en el ejercicio de su función.
