Audios de Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio, exponen corrupción en el BCRA durante la gestión de Alberto Fernandez. Una funcionaria admitió ante el empresario que asesoraban ilegalmente y que “arriba estaban todos entongados”. La prueba la aportó un arrepentido a la Justicia.
En el material, que ya está en manos del juez federal Sebastián Casanello, Romina García, inspectora del BCRA, reconoce ante Piccirillo que existía una estructura de corrupción: “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”.
“Está prohibido eso”
La conversación, fechada el 1 de febrero de 2025, revela que funcionarios del Central asesoraban a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, a cambio de dádivas, una práctica que la propia García admite como ilegal en el audio: “Pero no podemos eso. Está prohibido eso”.
El arrepentido que entregó el material es Carlos Sebastián Smith, alias “El Lobo”, un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo. Según su testimonio, Hauque tenía amenazados a varios directivos para operar sus financieras y acceder al dólar oficial cuando la brecha cambiaria superaba el 100%.
La investigación por presuntas irregularidades en la venta de dólares oficiales durante los últimos años del gobierno de Alberto Fernández tomó impulso en los últimos meses tras la apertura de varios sumarios administrativos y avances judiciales que apuntan a un posible esquema de acceso indebido a divisas que luego habrían terminado en el mercado informal.
Qué se investiga
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió al menos cuatro sumarios administrativos por operaciones cambiarias por aproximadamente US$1.191 millones realizadas entre 2022 y 2023, último tramo de la gestión de Fernández.
La hipótesis central es que agencias de cambio y operadores financieros habrían accedido a dólares al tipo de cambio oficial —notoriamente más bajo que el mercado paralelo— para luego volcarlos fuera del circuito regulado, aprovechando la brecha cambiaria y obteniendo ganancias extraordinarias.
En otras palabras: se investiga que una porción significativa de divisas compradas con el tipo de cambio “oficial” terminó siendo canalizada hacia el mercado informal (“blue”) o directamente fuera del sistema bancario tradicional.
Brecha cambiaria y “negocio del rulo”
El esquema bajo sospecha no se limita a simples compras y ventas. En el contexto de una brecha cambiaria que en varios momentos superó el 80 % entre el dólar oficial y el paralelo, la operatoria conocida como “rulo” cambiario —comprar barato y vender caro— habría generado enormes beneficios para quienes estuvieron en condiciones de ejecutar grandes volúmenes de transacciones.
Según las fuentes implicadas en las actuaciones, dicha brecha permitió a ciertos operadores convertir una ventaja cambiaria en ganancias millonarias, mediante articulaciones que ahora son objeto de examen por parte del BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Casas de cambio y patrones bajo la lupa
El BCRA identificó varias firmas que concentraron gran parte de estas operaciones, muchas de las cuales perdieron su autorización para operar y ahora son foco de investigaciones más profundas.
Entre las agencias mencionadas se encuentran:
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Mega Latina: con operaciones por unos US$466 millones, de los cuales más de US$327 millones habrían sido adquiridos a través de intermediarios bancarios.
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Gallo Cambios: caracterizada por haber retirado una proporción muy alta de divisas en efectivo, lo cual dificulta la trazabilidad.
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Arg Exchange y Concordia Inversiones: señaladas por supuestas transferencias injustificadas a personas físicas por cerca de US$9,8 millones en solo dos meses, bajo la forma de contratos de mutuo que luego eran retirados en efectivo casi inmediatamente.
Estos patrones alimentan la hipótesis de que los dólares oficiales fueron desviados a través de estructuras intermedias y prestanombres, muchas veces con domicilios fiscales en zonas de bajos recursos que no condicen con la magnitud de los montos involucrados.
Desde el BCRA hasta la Justicia
Originalmente, la investigación nació dentro del propio BCRA, que detectó anomalías en la operatoria y en la trazabilidad de las divisas. Los reportes fueron elevados a la UIF y luego traspasados a la justicia federal bajo la órbita de la jueza María Servini y con la intervención de Procelac.
Además, se están analizando posibles vínculos con delitos cambiarios, lavado de activos y fraude al régimen regulatorio, lo que podría derivar en causas penales más amplias si se comprueba la participación de personas o estructuras organizadas.
Críticas y defensa institucional
La denuncia también ha generado reacciones de exfuncionarios de aquel período. Por un lado, algunos referentes del gobierno anterior han defendido las políticas cambiarias implementadas bajo cepo como mecanismos necesarios frente a la escasez de reservas internacionales. Por otro lado, desde sectores opositores y de control se sostiene que el esquema, si se confirma, habría beneficiado a pocos en detrimento de la mayoría de la sociedad, que enfrentó restricciones de acceso a divisas para necesidades básicas como importaciones médicas o industriales.
Implicancias políticas y económicas
El escándalo por las irregularidades en la venta de dólares oficiales tiene repercusiones más allá de lo estrictamente económico. En un país donde la historia reciente estuvo marcada por tensiones cambiarias crónicas y controles de capital cada vez más rígidos, la posibilidad de que existieran maniobras de este tipo representa un desafío para la credibilidad del sistema financiero y de las políticas de control cambiario.
Además, la causa se vuelve especialmente sensible en términos políticos: involucra momentos clave del último tramo del gobierno de Fernández, incluyendo septiembre y octubre de 2023, periodos de alta tensión social y debate público.
Estado actual y próximos pasos
La causa sigue abierta y en una fase activa de recolección de evidencia. A medida que las actuaciones judiciales avancen, podría ampliarse el número de imputados, incluyendo no solo agencias y operadores, sino eventualmente altos responsables institucionales si se comprueba que hubo omisiones o complicidad en la supervisión de estas operaciones.
La investigación promete ser uno de los capítulos más observados de la agenda judicial y económica de los últimos años, con implicancias directas para debates sobre supervisión financiera, regulación cambiaria y transparencia en el acceso a divisas oficiales.
