Con 87 acusados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, exministros y empresarios de la construcción, el Tribunal Oral Federal N°7 inicia un juicio histórico que pondrá bajo la lupa más de una década de presunta corrupción estatal.
Hoy comienza una etapa inédita en la Justicia argentina: el Tribunal Oral Federal N°7 da inicio al juicio por el caso de los Cuadernos, el expediente que expuso una supuesta red de sobornos entre funcionarios públicos y grandes empresarios durante los gobiernos kirchneristas. Por su magnitud y la relevancia de los involucrados, el proceso ya se considera un hito judicial.
En el banquillo se sentarán 87 personas. Diecinueve de ellas son exfuncionarios, dos fueron choferes oficiales y 65 pertenecen al mundo empresario.
Del ámbito político destacan Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y José López. Están señalados por integrar una organización destinada a recaudar dinero ilegal entre 2003 y 2015.
También serán juzgados Claudio Uberti, José Olazagasti y Rudy Ulloa, mientras que Oscar Centeno —el chofer que escribió los cuadernos que originaron la causa— enfrenta cargos menores.
Entre los empresarios figuran Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona, Armando Loson y Juan Carlos de Goycoechea, acusados de pagar sobornos para asegurar contratos de obra pública.
Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, aparece como pieza clave por su doble rol de contratista y presunto organizador del sistema.
El juicio se desarrollará en formato virtual a través de Zoom, ya que ningún tribunal físico podría albergar a todos los participantes. Las primeras audiencias, hasta diciembre, se transmitirán por el canal de YouTube de la Corte Suprema. Luego continuarán las indagatorias y testimonios sin difusión pública.
Se prevé la declaración de más de 600 testigos, entre ellos Hilda Horovitz —exesposa de Centeno—, la exsecretaria presidencial Miriam Quiroga y Jorge Bacigalupo, quien entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot.
Las imputaciones incluyen asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, y admisión de dádivas. Algunos acusados accedieron al régimen del arrepentido, que podría reducir sus penas. Cuatro causas conexas se unifican en este proceso, que promete extenderse por años y dejar una huella profunda en la historia política argentina.
