No hay dudas: lo que estamos ante nosotros ya no es solo una disputa política; es una ofensiva. Y la intención es clara: quebrar al gobierno de Javier Milei sin recurrir a la fuerza militar, sino al desgaste institucional, mediático y moral. Una operación maestra de desestabilización en cuotas que, día tras día, busca erosionar la autoridad del Ejecutivo, socavar la confianza ciudadana y sembrar caos para que su relato culpabilizador florezca.
Uno de los episodios más recientes ilustra esto con brutal claridad. En Radio Mitre, durante el programa Alguien tiene que decirlo, Eduardo Feinmann mantuvo un tenso ida y vuelta con Trinidad, una estudiante de la UBA que participaba de la Marcha Federal Universitaria. Feinmann le lanzó la pregunta brutal: “¿Ustedes quieren un 2001?” Radio Mitre
Ese interrogante no se limita a generar polémica: es una apuesta discursiva, un faro de alarma que busca asociar toda protesta, toda movilización, con el colapso institucional, el descontrol social, el desborde que tuvo sede en el estallido del 2001. Como si manifestarse fuese necesariamente avanzar hacia la anarquía o la quiebra del sistema mismo.
No es casual que aparezca justo ahora, cuando la oposición organiza marchas universitarias, moviliza redes, convoca protestas, cuestiona medidas. Esa táctica de acusar de “radicalismo”, “voluntarismo desmedido” o “extremo peligroso” busca generar miedo en sectores moderados, atemorizar al ciudadano que solo quiere seguridad, previsibilidad, orden.
El hecho de que un programa radial tradicional como Radio Mitre le dé altavoz a este tipo de planteos lo vuelve aún más grave. Porque naturaliza la idea de que disentir, marchar, exigir, sea sinónimo de conspirar. Y ese es justamente el terreno que pisa la acusación de “golpe institucional”: descalificar al otro no por lo que hace, sino por lo que imaginan que haría si gana más apoyo.
Este episodio con Feinmann y la estudiante de la UBA no es aislado: se inserta en la narrativa oficialista que repite que la oposición está detrás de audios, bloqueos legislativos, filtraciones, que su objetivo no es proponer, sino impedir. Y tiene una lógica: generar sensación de ingobernabilidad, de que el gobierno está al borde, para justificar luego medidas extraordinarias, blindajes institucionales y concentraciones de poder bajo el paraguas de la emergencia.
Pero la estrategia se equivoca si subestima a la gente. A la ciudadanía que ya votó. A quienes siguen pendientes del destino del país más allá del griterío mediático. Porque el 2001 no volverá por una marcha, no nacerá de una protesta universitaria, ni del derecho legítimo a disentir. El verdadero peligro para la institucionalidad es el silencio cómplice, la resignación ante la mentira, el permitir que se aplaste la verdad bajo discursos de conspiración fabricada.
La oposición puede seguir jugando con fuego, pero la sociedad tiene memoria. Sabe cuándo alguien disiente y cuándo alguien conspira. Y en ese juicio colectivo está el verdadero límite de quienes pretenden derribar institucionalidad sin legitimar su reclamo.
