La Justicia federal ordenó este martes el allanamiento de la vivienda del empresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni, ubicada en un barrio cerrado de Nordelta, partido de Tigre, en el marco de la causa que investiga un presunto desvío de fondos millonarios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El procedimiento fue dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y tuvo como objetivo el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos, contratos y registros contables considerados clave para el avance de la investigación. En simultáneo, también se realizaron medidas judiciales en la sede de la AFA, en la calle Viamonte, y en el predio de Ezeiza. Faroni, además, tiene prohibida la salida del país.

La causa apunta al rol de TourProdEnter LLC, una empresa radicada en los Estados Unidos y vinculada a Faroni, que habría sido habilitada por la AFA para administrar en el exterior los ingresos provenientes de derechos de transmisión, sponsors internacionales y contratos comerciales de la Selección Argentina. Según los registros bancarios bajo análisis, esa firma habría manejado más de 260 millones de dólares en cuentas estadounidenses.

La investigación se profundizó tras la llegada de información bancaria desde Estados Unidos, donde se detectaron transferencias consideradas sospechosas desde TourProdEnter hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los dirigentes de mayor peso en la actual conducción del fútbol argentino.

De acuerdo a la documentación incorporada al expediente, al menos 483 mil dólares habrían sido transferidos a una empresa relacionada con el entorno de Toviggino. También figuran pagos menores a nombre de su pareja, exgerenta de Finanzas de la AFA, lo que encendió nuevas alertas dentro de la causa.

En paralelo, la Justicia avanzó con el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal sobre Toviggino y su círculo cercano, con el objetivo de reconstruir el origen de bienes, movimientos patrimoniales y posibles maniobras de ocultamiento, entre ellos propiedades de alto valor y vehículos de lujo.

Por el momento, no hay detenciones ni imputaciones formales, pero los investigadores consideran que los allanamientos marcan una nueva etapa en la causa, que busca determinar si existió lavado de dinero, administración fraudulenta o desvío de fondos a través de estructuras societarias en el exterior.