El Ejecutivo convocó al Parlamento a sesionar del 2 al 27 de febrero y estableció una agenda legislativa acotada, que incluye el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cambios en la normativa ambiental, laboral y designaciones diplomáticas.
El presidente Javier Milei formalizó este lunes la convocatoria al Congreso de la Nación para la realización de sesiones extraordinarias durante febrero de 2026. La decisión quedó plasmada en el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que ambas cámaras legislativas deberán sesionar entre el 2 y el 27 del próximo mes en la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de la segunda vez, en lo que va de la gestión libertaria, que el Ejecutivo recurre a este mecanismo para ordenar la agenda parlamentaria durante el receso.
La medida no solo tiene un alcance administrativo, sino también un fuerte contenido político. Al habilitar las sesiones extraordinarias, el Gobierno fija de manera precisa cuáles serán los proyectos habilitados para el debate, dejando fuera cualquier iniciativa que no cuente con el aval expreso del Presidente. En ese marco, la Casa Rosada busca avanzar con un paquete de temas que considera estratégicos antes del arranque formal del año legislativo, previsto para el 1 de marzo.
Entre los asuntos incluidos en el temario figura el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, una de las iniciativas más sensibles para el oficialismo, que apunta a introducir cambios estructurales en las reglas de contratación, indemnizaciones y relaciones entre empleadores y trabajadores.
La reforma laboral se convirtió así en uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias, con un debate que el oficialismo busca encauzar antes del inicio del período ordinario del Congreso.
La agenda también contempla la discusión sobre una eventual modificación al régimen de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, un tema que despierta tensiones entre sectores ambientales, provincias cordilleranas y el Ejecutivo nacional. Además, el decreto habilita al Senado a tratar la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, en el marco de lo establecido por la Ley del Servicio Exterior.
Desde el oficialismo reconocen que la convocatoria busca capitalizar el impulso político conseguido en diciembre pasado, cuando el Congreso aprobó el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
Aquella tanda de sesiones extraordinarias permitió al Gobierno cerrar su primer año de gestión con dos leyes clave sancionadas y ahora la estrategia es repetir la fórmula, concentrando el debate en iniciativas prioritarias y evitando una dispersión de temas.
En paralelo, el Senado ya comenzó a ordenar su cronograma interno para garantizar que los proyectos centrales lleguen al recinto durante la primera quincena de febrero. La conducción de la comisión de Trabajo y Previsión Social, a cargo de Patricia Bullrich, será determinante en la negociación con los bloques dialoguistas, en un escenario donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita acuerdos con la UCR, el PRO y senadores provinciales.
Según fuentes parlamentarias, durante la última semana de enero se iniciará una ronda de reuniones técnicas y políticas para ajustar el texto de las iniciativas y sumar apoyos. El objetivo es arribar al recinto con un dictamen consensuado que permita acelerar los tiempos de debate y evitar sobresaltos en el quórum.
En el entorno del Gobierno aseguran que ya existen señales positivas de acompañamiento, aunque admiten que la discusión será intensa y atravesada por presiones sindicales y posicionamientos internos de la oposición.
El clima político en el Congreso durante el verano anticipa un febrero atípico, con negociaciones activas, reuniones técnicas y un Ejecutivo decidido a no perder la iniciativa.