El fiscal Ramiro González solicitó medidas de prueba clave y pidió investigar si durante el gobierno de Alberto Fernández se frenó a propósito el proceso judicial en Nueva York para proteger a exfuncionarios vinculados a la reestatización de la petrolera.
La causa por presuntas irregularidades en la expropiación de YPF, iniciada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, fue reactivada en las últimas horas por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió al juez Ariel Lijo nuevas medidas de prueba que podrían complicar la situación judicial de Axel Kicillof, Carlos Zannini y Roberto Baratta, entre otros imputados.
El pedido fiscal surge en medio del escándalo por el fallo de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que ordenó a la Argentina pagar 16.000 millones de dólares al fondo buitre Burford Capital por aquella polémica estatización.
Uno de los focos de la presentación de González apunta al accionar del exfuncionario K Carlos Zannini, a quien acusa de haber limitado de manera deliberada el avance del proceso de “Discovery” en la Justicia de Nueva York durante la presidencia de Alberto Fernández, lo que podría haber frenado la aparición de pruebas sobre eventuales maniobras fraudulentas en la expropiación de la petrolera.
