La Procuración del Tesoro presentó escritos en la Justicia de Nueva York y advirtió que cumplir con el fallo violaría la ley argentina.
En un nuevo capítulo del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino pidió este martes a la jueza Loretta Preska suspender la entrega de acciones estatales de la petrolera al fondo Burford Capital, que reclama una indemnización de USD 16.000 millones. A través de dos escritos presentados ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la Procuración del Tesoro argumentó que cumplir con la sentencia implicaría violar legislación argentina, poner en riesgo la estructura financiera de YPF y afectar el interés público.
El Ejecutivo denunció, además, que declaraciones recientes del gobernador bonaerense Axel Kicillof fueron utilizadas por los demandantes para debilitar la posición argentina ante la jueza. “Continúa entorpeciendo y empeorando la posición del país”, señalaron, en referencia a transcripciones aportadas por el fondo Petersen/Eton Park que citan expresiones del exministro de Economía.
“El caso YPF no es una disputa comercial ordinaria. Es un proceso sin precedentes, con un fallo apelado de USD 16.100 millones, que plantea cuestiones jurídicas complejas. Incluso el propio gobierno de Estados Unidos ha expresado desacuerdo con este tipo de decisiones”, argumentó la Procuración en sus presentaciones.
Según el planteo oficial, la ejecución del fallo podría generar consecuencias legales y económicas de magnitud: la pérdida del control accionario de YPF por parte del Estado, la activación de cláusulas contractuales en bonos emitidos por la petrolera, pagos anticipados a acreedores y una potencial afectación a más de 23.000 empleados. “La República sería despojada de su participación mayoritaria en YPF”, advirtieron.
El escrito también insistió en que, incluso si se ratificara la sentencia, no podría llevarse a cabo sin la aprobación del Congreso argentino, como establece la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera. Por eso, el Gobierno aseguró que cualquier traspaso de acciones sería jurídicamente inviable desde el punto de vista local.
Respecto al fondo Bainbridge, que también presentó oposición al pedido de suspensión, la defensa argentina sostuvo que no existe urgencia ni perjuicio real que justifique una transferencia inmediata. Además, remarcaron que no hay jurisprudencia que permita ejecutar activos soberanos que no estén en territorio estadounidense, tal como pretende el fallo actual.
En paralelo, el equipo legal argentino se prepara para apelar ante la Corte del Segundo Circuito si la jueza Preska no acepta frenar la ejecución. En ese escenario, se presentará un nuevo pedido de stay (suspensión) que dejaría sin efecto la entrega de acciones hasta que se resuelva la apelación.
Desde la Procuración del Tesoro recalcaron que seguirán litigando el caso en defensa de la soberanía argentina y del interés público, y aseguraron que el proceso todavía tiene margen para revertir la decisión judicial.
