La medida apunta a simplificar la regulación energética y reducir costos burocráticos.
El Ejecutivo, encabezado por el Ministerio de Economía de Luis Caputo y la Secretaría de Energía a cargo de María Tettamanti, promulgó un decreto para fusionar el ENRE (Electricidad) y ENARGAS (Gas) en un solo organismo nacional regulador, siguiendo el modelo de la FERC de Estados Unidos. La medida será publicada en el Boletín Oficial antes del 8 de julio, fecha límite de las facultades delegadas del Presidente.
La unificación ya estaba prevista en la “Ley Bases” de junio de 2024, que en su artículo 161 establece la creación del nuevo ente y la transferencia de atribuciones de ambos organismos. La intervención de ambos entes se mantendrá hasta que se designe el directorio del nuevo regulador unificado. Además, se prorroga hasta julio de 2026 la emergencia energética nacional y la intervención de ENRE y ENARGAS, acompañada de un régimen de subsidios focalizados.
Este ajuste forma parte de una serie de medidas orientadas al desmantelamiento de la estructura pública: se eliminará el fondo fiduciario de subsidios a gas envasado —con ingresos de $205.333 millones y gastos por $377.021 millones en 2024— y se recortarán subsidios de zona fría y usuarios de altos ingresos. Asimismo, se planean fusiones y transformaciones de otros organismos en el Ministerio de Economía, incluyendo el INTI, INTA e INPI, con la eliminación de 24, fusión de 15 y transformación de 16 entidades.
Para justificar la medida, la Casa Rosada la enmarca como necesaria para mejorar la “transparencia de las tarifas” y avanzar hacia un esquema de subsidios directo a beneficiarios, no a empresas, buscando eficiencia y reducción del Estado. La fusión apunta a simplificar la regulación energética y reducir costos burocráticos, prometiendo una estructura más ágil y focalizada.
Sin embargo, críticos advierten que, al intervenir durante casi un año más los entes reguladores, se puede profundizar un tarifazo energético y reducir controles. Desde la oposición y los sindicatos alertan por un acelerado “achique del Estado”, que podría derivar en pérdidas de empleo público y menos protección para los consumidores.
