Así consta en el acuerdo de crédito que pactó la Argentina con el país asiático para el financiamiento de la construcción de dos represas en la Patagonia.
El Gobierno firmó en julio pasado un acuerdo de crédito con tres bancos de China por 4.714 millones de dólares para la construcción en la provincia de Santa Cruz de las represas hidroeléctricas ‘Néstor Kirchner‘ y ‘Jorge Cepernic‘. Pero el préstamo estuvo supeditado a varias exigencias por parte del país asiático, entre ellas que el país no cayera en default y que mantuviera una buena relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La medida fue anunciada como “otro avance” hacia la “concreción de los proyectados aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz, que contarán con una potencia máxima de 1.740 megavatios, y una producción de energía de 5.246 Gwh/año, lo que equivaldrá al 4,7% del sistema eléctrico nacional (SIN) actual”.
El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial, el 18 de julio, incluye cláusulas como que la Argentina acepta volver a someterse a tribunales judiciales extranjeros, se compromete a no entrar en mora y, además, a tener una relación en “buenas condiciones” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Específicamente, en el anexo 2 del entendimiento firmado con el gobierno de Xi Jinping se aclara que para que la Argentina pueda comenzar a utilizar los fondos, primero deberá exhibir la copia certificada de varios documentos, entre ellos el de la renuncia a inmunidad por parte de la Argentina y el sometimiento a los tribunales extranjeros y de arbitraje en los documentos del financiamiento según la ley argentina 11.672”.
En el anexo 1, en el artículo 7°, con el título de declaraciones, compromisos y casos de incumplimiento, se ordena al país a no tener ningún incumplimiento en materia de deudas soberanas: “Ningún otro evento o circunstancia se encuentra pendiente que constituya (o que con previa notificación, o vencimiento del plazo o de cualquier otro modo constituiría) un incumpliento en virtud de cualquier otro acuerdo, obligación, contrato o instrumento ejecutado luego del 6 de enero de 2002 que obligue a la Argentina”.
El Gobierno firmó, asimismo, que “Argentina es un miembro en buenas condiciones del FMI y del Banco Mundial y es elegible para utilizar los recursos del FMI y puede retirar y utilizar los fondos que tiene disponibles en virtud del programa de financiamiento del FMI, y ese programa no ha sido cancelado o suspendido”.
Según publica hoy el diario La Nación, China también impuso al Ministerio de Economía la obligación de “informar inmediatamente”, con un máximo de cinco días hábiles luego de que sepa o sea notificado, “de cualquier litigio, demanda, investigación, arbitraje u otro proceso legal o controversia pendiente o, a su conocimiento, inminente, que involucre o afecte a cualquier deudor o Argentina”.
Entre ellos se citan los que “se relacionan con algunos de los endeudamientos del Club de París, los holdouts de la deuda soberana en cesación de pagos o cualquier demanda en el contexto de los tratados de inversión bilateral”.
En caso de existan diferencias, éstas se dirimirán en París, en un arbitraje que se planteará en la Cámara de Comercio Internacional.