Recibió tres años de prisión, que se sumaron a la pena que ya tenía por lavado de dinero y elevaron el total a siete años y nueve meses. El fallo también alcanzó a otros cinco imputados y extendió a todos ellos el decomiso de bienes dispuesto en el primer juicio de Vialidad.
Martín Báez reconoció su participación en las irregularidades vinculadas con la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y recibió una condena de tres años de prisión.
Al sumar esa pena a la que ya cumplía por lavado de activos en la causa conocida como “La Ruta del dinero K”, el empresario deberá afrontar una condena unificada de siete años y nueve meses.
La resolución fue dictada por el juez Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, también avaló el entendimiento.
La investigación, conocida como Vialidad II, examinó el funcionamiento de las empresas del Grupo Báez, que concentraron cerca del 80% de los contratos de obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Según la acusación, Martín Báez utilizó sus cargos en distintas constructoras para favorecer la participación simultánea de firmas del mismo grupo en licitaciones y acceder a condiciones de pago privilegiadas.
La sentencia alcanzó a otros cinco imputados. Julio Mendoza recibió tres años de prisión, unificados con una condena anterior, para alcanzar los cinco años y nueve meses. Fernando Butti fue condenado a dos años y seis meses en suspenso.
También fueron sentenciados tres exfuncionarios de Vialidad Nacional: Sergio Passacantando, Jorge Gregorutti y Carlos Alonso. Cada uno recibió dos años y ocho meses de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Basso destacó que los hechos reconocidos por los acusados ya habían sido acreditados en el primer juicio de Vialidad, cuya sentencia quedó firme. Además, extendió a los seis condenados el decomiso establecido en ese expediente, actualizado en casi 685.000 millones de pesos.