En la misma semana en que una cooperativa cordobesa anuncia inversiones millonarias para automatizar su tambo y bajar costos, una histórica láctea santafesina paraliza plantas, acumula sueldos impagos y empieza a ser mencionada abiertamente como candidata a quiebra. La foto sirve para algo más que el contraste: en la crisis industrial argentina no todo se explica por la apertura de importaciones. También pesan años de “colchones” (subsidios, asistencias y protecciones), decisiones empresariales postergadas y una modernización que, cuando no llega, termina pasando factura.
Manfrey (cooperativa con base en Freyre, Córdoba) viene profundizando un plan de tecnificación con un desembolso de US$ 2,5 millones para completar el segundo módulo de su tambo robotizado, con finalización prevista para mayo o junio de 2026. El salto no es cosmético: el objetivo declarado es migrar de un esquema convencional a uno totalmente automatizado, elevando productividad, trazabilidad y eficiencia operativa.
La apuesta incluye también proyección de crecimiento: la cooperativa anticipa para 2026 una recepción/procesamiento en torno a 200 millones de litros, con intención de acompañar ese volumen con “tecnificación industrial” y empuje exportador.
En otras palabras: Manfrey actúa como muchas empresas competitivas del mundo agroindustrial: invierte cuando el mercado aprieta, para producir más con el mismo (o menor) costo unitario, sostener calidad y defender margen.
Del otro lado del espejo aparece Lácteos Verónica, con plantas en Santa Fe (mencionadas en coberturas recientes como Clason, Lehmann y Suardi), atravesando un cuadro crítico: producción detenida, deuda salarial y señales de parálisis operativa.
En los últimos días la crisis escaló a un nivel que expone el deterioro financiero: reportes periodísticos hablan de corte de servicios esenciales como el agua, una foto típica de empresas que entran en modo supervivencia y empiezan a romper la cadena de pagos en todos los frentes.
En paralelo, La Nación informó que la empresa intentó tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), pero que el pedido fue rechazado por el Ministerio de Trabajo por falta de acreditación fehaciente de los números presentados.
Sería fácil reducirlo a un titular: “una invierte y la otra quiebra”. Pero el punto de fondo es otro.
Manfrey está contando una historia de capex (inversión) y proceso: automatizar para ganar productividad, trazabilidad y eficiencia.
Verónica está atrapada en una historia de caja rota: sueldos impagos, parate operativo y servicios cortados.
Y ahí aparece la lectura que incomoda, pero que explica mucho de la industria argentina: cuando la competitividad no se construye en años “buenos”, en los años “malos” ya no hay margen para reaccionar.
La apertura de importaciones (o la mayor competencia externa) puede acelerar crisis en industrias sensibles, especialmente si el mercado interno está débil. Es real y es un factor.
Pero en lechería —y en gran parte de la industria alimentaria— hay otra capa que suele quedar fuera del debate de superficie: durante años existieron programas de compensaciones y asistencias estatales en distintos formatos, que funcionaron como amortiguador del negocio (al menos en parte de la cadena). Por ejemplo:
El propio Ministerio de Agroindustria implementó un régimen de compensaciones a productores tamberos (caso 2016, con aportes por litro para un tramo de producción).
En 2023 se lanzó/relanzó asistencia a productores con programas como Impulso Tambero 2, con transferencias por litro según escala (hasta 7.000 litros diarios), difundido por Agricultura y medios.
Incluso se informó una ampliación de compensaciones que alcanzó miles de productores y montos relevantes.
Esto no significa “la industria vivía de subsidios”. Significa algo más preciso: existieron períodos donde el Estado, por política sectorial o por crisis, ayudó a sostener ingresos y evitar rupturas de oferta. Eso puede ser útil como puente. El problema es cuando el puente se vuelve rutina: si el colchón reemplaza a la modernización, la cuenta llega igual.
La discusión de fondo no es ideológica: es productiva. Documentos técnicos del propio Estado vienen marcando hace tiempo debilidades estructurales de la industria láctea argentina para competir de manera sostenida con “lecherías más desarrolladas y altamente competitivas”.
Y análisis del sector también describen estancamientos largos (con variaciones por clima, costos y ciclos), que obligan a distinguir entre quienes aprovechan los ciclos para invertir y quienes los atraviesan pateando decisiones.
En ese marco, Manfrey queda como ejemplo de respuesta competitiva: automatizar, profesionalizar procesos, escalar y bajar costo.
Verónica, en cambio, aparece como la consecuencia de una empresa que llega al tramo final sin espalda: parate, salarios, servicios y crisis administrativa.
La apertura de importaciones puede ser el empujón final, pero rara vez es la única causa.
Las ayudas y protecciones pueden dar aire, pero no reemplazan inversión, gestión y tecnología.
La competitividad se construye antes: cuando la empresa todavía tiene caja y crédito. Si se llega tarde, la crisis no se gestiona: se padece.
Para Córdoba —con entramado agroindustrial fuerte— la noticia de Manfrey no es solo “una inversión”: es la señal de que todavía hay empresas que eligen jugar el partido largo. Y el caso Verónica funciona como advertencia: cuando una firma grande se apaga, el golpe no es solo a la marca; pega en empleo, proveedores, tamberos, logística y comercio local.
No hay dos países distintos: hay dos estrategias. Una que entiende que la competitividad se fabrica con procesos. Y otra que, cuando los números aprietan, descubre que ya no hay margen para ponerse al día.