Desde la oposición ya pidieron el juicio político contra el diputado nacional del Frente de Todos Héctor “Cacho” Bárbaro por promover un corte de ruta para que el Estado entregue tierras tomadas a un grupo de usurpadores ordenados por él, aún cuando un reciente fallo judicial mandaba a restituir las tierras a sus dueños originales.
Los casos de tomas de tierras en la provincia de Misiones se convirtieron en los últimos meses en moneda corriente. “Casi a diario te enterás de alguien al que le entraron al campo y ahora no los puede echar”, confió una fuente con tierras mesopotámicas a medios locales.
A diferencia de otros casos similares en los que la necesidad de vivienda funciona como combustible para la toma de tierras, en Misiones se da un caso particular ya que es la propia política local la organizadora de las mismas. Esto se vio en noviembre del 2020, cuando Infocampo reveló que en la localidad misionera de Wanda, departamento de Iguazú, ubicado a 50 km de las Cataratas, estaban tomando tierras de forma ilegal con el apoyo y hasta la ayuda del intendente local perteneciente al Frente Renovador, Felipe Jeleñ.
Esto volvió a quedar en evidencia en las últimas horas, luego que se descubriera que el diputado nacional del Frente de Todos por Misiones Héctor “Cacho” Bárbaro estaba organizando y dando instrucciones a un grupo de personas para realizar un corte de ruta este lunes para presionar al Gobierno provincial -de su mismo signo político- para que compre tierras privadas que fueron ocupadas por organizaciones sociales hace unos días, pero la Justicia restituyó a sus originales dueños.
El audio de Bárbaro dejó a la vista de todos los misioneros un modus operandis delictivo que tiene pasos predefinidos y actores identificables en la política local: “En primer lugar, impulsan toma de tierras privadas de personas que no residen en los campos, luego exigen al Estado provincial que entregue esas tierras a los usurpadores, y como último paso del fraude, estas personas que reciben las tierras del Estado las venden a privados nuevamente”, explicó un chacarero local.
De esta manera, los organizadores de las tomas de tierras terminan vendiendo tierras que no eran propias, usando como vehículo a personas necesitadas que aceptan llevar adelante la violación a la propiedad privada a cambio de pequeños montos de dinero. Un negocio inmobiliario millonario y con una inversión mínima.
Tal como contó Juan Carlos Arguello en Economis.com.ar, el desalojo se registró el viernes 18 por orden del juez Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción III, de San Vicente, en una causa por usurpación impulsada por personas que viven en Santa Fe. “Tenemos que movilizarlos el lunes, no sé si lunes y martes. El lunes vamos a presentar la apelación para anular el juicio, la propiedad está a nombre de Keslar, está inscripto en catastro, tienen título de propiedad”, asegura el diputado Bárbaro respecto a los propietarios de la chacra que fue tomada y luego desalojada por orden judicial. El mensaje de Bárbaro, por un audio de WhatsApp se hizo viral en la noche del domingo, ya que es un discurso que contradice su prédica hacia los productores.
“El lunes tenemos que convocar a la gente al juzgado, a todos, a los que podamos, y después nos vamos a cortar la ruta, después al Concejo Deliberante a entregar un petitorio ahí, al intendente (Fabián Rodríguez de San Vicente), a todos, tenemos que movernos, si no esto se va a enfriar la sopa, ustedes no van a poder entrar”, dice Bárbaro en referencia a las tierras desalojadas.