El expresidente brasileño enfrentará nuevas medidas cautelares por el intento de golpe de Estado de enero de 2023. También se le prohibió mantener contacto con otros investigados y diplomáticos extranjeros.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro quedó nuevamente en el centro de la escena judicial. Este miércoles, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenó una serie de medidas cautelares en el marco de la causa que investiga el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, días después de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia.
Entre las restricciones impuestas por el máximo tribunal se encuentran: el uso obligatorio de una tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales y la imposibilidad de comunicarse con otros acusados e incluso con diplomáticos extranjeros.
De esta manera, el Supremo endurece las condiciones contra el exmandatario, que ya fue inhabilitado políticamente hasta 2030 por su rol en los ataques antidemocráticos que sacudieron Brasilia a inicios del año pasado.
La decisión responde a un pedido de la Policía Federal, que sostiene que existen indicios firmes de que Bolsonaro fue el principal articulador de un plan para desconocer el resultado electoral que le dio la victoria a Lula da Silva. Según las pruebas reunidas por los investigadores, el exmandatario habría participado en reuniones donde se discutía una intervención militar para anular las elecciones.
“El pase deberá tramitarse y tendrá una vigencia de cinco años”, establece la resolución del Supremo Tribunal, en relación con la autorización para el uso de la tobillera electrónica. El documento también contempla que, en caso de violar las medidas, Bolsonaro podría ser arrestado de forma preventiva.
Las nuevas restricciones llegan luego de que la Policía Federal presentara un informe donde detalla vínculos entre Bolsonaro, altos mandos militares y exfuncionarios de su gobierno, todos acusados de participar en un intento de golpe institucional.
Desde el entorno del exmandatario niegan las acusaciones y aseguran que se trata de una persecución política. Sin embargo, el avance de la causa complica cada vez más el futuro judicial de Bolsonaro, quien ya enfrenta otras investigaciones por abuso de poder, desinformación y malversación de fondos públicos durante la pandemia.