El supremo órgano de justicia de los Estados Unidos le dio la razón al estado sureño en medio de la gran crisis migratoria que este vive ante la desatención de Joe Biden.
El pasado 19 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló a favor del estado de Texas luego de una votación en la que todos los jueces conservadores coincidieron en el derecho del estado sureño en detener a aquellos inmigrantes ilegales que intenten cruzar la frontera a través de México.
En concordancia, posterior a la votación que finalizó con 6 votos a favor de la ley “SB-4″ del estado de Texas frente a 3 votos en contra, una corte de apelaciones del estado de Louisiana en Nueva Orleans disolvió un parate administrativo de la nueva ley permitiendo que tribunales de menor instancia puedan ejercer mandatos que frenen el proyecto legislativo. En este sentido, la corte radicada en Louisiana escuchará los argumentos el día de hoy.
La legislación respaldada por el máximo organismo de justicia estadounidense busca que aquellos inmigrantes ilegales que crucen la frontera de México con Texas a través del Rio Grande (principal cruce de inmigrantes en el estado) podrán ser procesados con delitos de clase “B” lo cual conlleva penas de hasta 6 meses de prisión.
Otro aspecto que explora la legislación que fue aprobada por los legisladores texanos en el año 2023, es la consecución de delitos, siendo que si un inmigrante ilegal comete un crimen en el territorio de la “Estrella Solitaria” se lo podrá acusar de crimen de segundo grado lo cual aumentaría las penas hasta 20 años de prisión.
Un punto que puede ser beneficioso para aquellos inmigrantes indocumentados que ingresen al territorio estadounidense es la predisposición que tengan para retornar a México por sus propios medios, ya que si acceden voluntariamente a regresar los jueces podrán condonar cargos y entregar a familias de migrantes a agentes de la guardia fronteriza para así evitar separar a niños de sus padres.
Si bien la legislación permite que la policía arreste y cuestione a cualquier inmigrante que carezca de documentación, la ley está dirigida a aquellos inmigrantes que ingresen de manera clandestina al país en el tiempo más reciente y no a aquellos que se hayan establecido hace años y posean una vida en el país. De la misma manera, la ley restringe a las fuerzas policiales del estado a detener a inmigrantes en ciertos ámbitos como lo son escuelas, iglesias y clínicas entre otras, pero sí permite que dichas detenciones se realicen en el ámbito universitario.
La decisión de la Corte Suprema significa una gran derrota para la administración Biden, la cual había buscado mediante todos modos bloquear la legislación texana mediante los argumentos de que la misma quitaría autoridad a las fuerzas federales para ejercer su potestad en la frontera sur siendo el ejemplo más reciente el intento de interceder en Eagle Pass lo que motivó a 25 estados a solidarizarse con Texas.
Como si fuera poco, a la decisión de la Corte Suprema de respaldar el reclamo del estado de Texas, se suma la decisión de las autoridades mexicanas de no aceptar de nuevo a aquellos inmigrantes ilegales que sean deportados desde la frontera. Según el ministro de relaciones exteriores del estado mexicano, la ley aprobada por el congreso texano representa una criminalización a aquellos inmigrantes ilegales y fomenta la separación de las familias en la frontera.
La administración de Lopez Obrador además, planea ejecutar un informe en conjunto con la Corte de Apelaciones del 5to distrito con el objetivo de proveer información acerca del impacto que la legislación aprobada en Texas puede tener en las comunidades mexicanas en el estado americano y a su vez el cambio en las relaciones diplomáticas que se podrían efectuar entre las administraciones mexicana y estadounidense.
Mientras que la Corte Suprema no dictaminó si la legislación es constitucional, los jueces de la misma aclaran que el procedimiento realizado por la corte de apelaciones en Nueva Orleans se hizo de manera errónea, por lo cual luego de escuchar los argumentos el día de hoy, muy probablemente el destino de la ley se resolverá en un tribunal de la capital texana, Austin, donde las demandas contra la “SB-4″ fueron originalmente presentadas.
La decisión de la Corte Suprema fue ampliamente festejada por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, quien se mostró optimista frente a la escucha de los argumentos que se llevarán a cabo. De la misma manera, la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett aclaró que en caso de que no se llegue a un veredicto en el corto plazo en la corte de Louisiana por si la ley puede entrar en efecto mientras se debate su constitucionalidad, el caso podría volver al fuero supremo estadounidense para determinar de manera directa si se trata de una legislación constitucional, siendo cuestión de tiempo solamente hasta que entre en efecto.
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