La Jueza de Control y Faltas de Villa María, Edith Lezama de Pereyra, hizo lugar a un amparo y ordenó a una empresa de medicina prepaga solventar, en forma integral, los gastos que genere una cirugía bariátrica (mediante un “by pass” gástrico) prescripta a una afiliada diagnosticada de obesidad severa.
Si bien el índice de masa corporal (IMC) de la paciente no alcanza los 40 kilogramos por metro cuadrado, tal como establece la normativa vigente para la cobertura de tales intervenciones, la magistrada consideró que el requisito “no es excluyente” y que está acreditado que la paciente “posee asociada alguna enfermedad secundaria a su estado de obesidad”, en su caso, diabetes tipo II.
Además, la empresa había objetado que la afiliada no cumplió el requisito de realizar un tratamiento por 24 meses de forma ininterrumpida. En este sentido, Lezama señaló que la paciente sí se sometió a un proceso desde julio de 2014, por lo que a la fecha de la demanda (enero de 2017) “llevaba más de dos años de tratamiento ininterrumpido para tratar de bajar de peso, obteniendo un resultado que los especialistas calificaron de no satisfactorio”. La resolución, sin embargo, fue apelada y está radicada en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María.
