La Confederación General del Trabajo vuelve a mostrarse en la calle. Esta vez, bajo el paraguas simbólico del Día del Trabajador, la central obrera convocó una movilización a Plaza de Mayo con un discurso de fuerte rechazo al Gobierno nacional y a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.
Pero detrás de la épica gremial, de las banderas y de las consignas de siempre, aparece una pregunta incómoda: ¿cuál es la solución real que propone la dirigencia sindical argentina? Porque hasta ahora, cada vez que se discute modernizar el sistema laboral, bajar la informalidad o flexibilizar reglas que muchas veces desalientan la contratación, la respuesta parece ser siempre la misma: marchar, amenazar con parar y complicarle la vida al resto del país.
La CGT habla en nombre de los trabajadores, pero sus medidas suelen golpear primero a los propios trabajadores. Cuando se interrumpe el transporte, cuando se resienten los servicios públicos, cuando se frena la logística, cuando se afecta la recolección de residuos o la atención en dependencias estatales, los principales perjudicados no son los funcionarios ni los grandes empresarios: son los ciudadanos comunes, los comerciantes, los empleados que necesitan llegar a sus puestos, los monotributistas, los padres que organizan su día minuto a minuto y los sectores que no pueden darse el lujo de perder una jornada.
La marcha de este jueves fue presentada por la central obrera como una muestra de fuerza. Y probablemente lo sea. Pero mostrar músculo no es lo mismo que mostrar ideas. La Argentina lleva décadas atrapada en un modelo donde cada intento de cambio es leído como una amenaza corporativa y no como una oportunidad de discusión. La dirigencia gremial parece más preocupada por conservar poder que por pensar cómo generar empleo genuino en un país donde millones de personas trabajan en negro, sin derechos reales y sin representación efectiva.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno podrá ser discutida, corregida o mejorada. Como toda política pública, merece debate. Pero negarse de plano a cualquier flexibilización es desconocer una realidad evidente: el mercado laboral argentino está roto. Contratar es caro, despedir puede ser inviable, la litigiosidad asusta a las pymes y la informalidad se convirtió en una salida forzada para miles de empleadores y trabajadores.
Frente a ese diagnóstico, la CGT vuelve a elegir el camino más previsible: endurecer el conflicto. Sus propios referentes ya anticiparon que la conflictividad podría escalar y no descartaron nuevas medidas de fuerza. Es decir, antes que sentarse a construir una alternativa moderna, prefieren volver al libreto conocido: presión callejera, paro posible y amenaza permanente.
El problema es que el país ya conoce ese libreto. Y los resultados están a la vista.
Argentina no necesita más paros para confirmar que está en crisis. No necesita más cortes para saber que el salario perdió poder adquisitivo. No necesita más actos para entender que el empleo registrado está estancado. Lo que necesita es una discusión adulta sobre cómo se crea trabajo, cómo se protege al empleado sin destruir al empleador y cómo se termina con un sistema donde una parte de la dirigencia sindical vive cómodamente administrando el conflicto mientras los trabajadores reales hacen malabares para llegar a fin de mes.
La defensa del trabajo no puede reducirse a defender estructuras sindicales eternizadas. Defender al trabajador también implica permitir que haya más empresas, más contratación, más inversión y menos miedo a generar empleo. Implica reconocer que las reglas laborales del pasado no necesariamente sirven para el presente. Y que un país con tanta informalidad no puede seguir fingiendo que el sistema funciona.
La CGT tiene derecho a marchar. Nadie discute eso. Pero también la sociedad tiene derecho a preguntarse hasta cuándo la respuesta sindical será siempre la misma. Porque parar un país no crea empleo. Bloquear servicios no mejora salarios. Presionar desde la calle no reemplaza un programa serio.
El sindicalismo argentino podría aprovechar este momento para demostrar grandeza, actualizarse y sentarse a discutir una reforma que contemple derechos, productividad y futuro. Pero si la única propuesta es resistir todo cambio, entonces el mensaje es claro: no están defendiendo al trabajador del mañana, están defendiendo el poder de siempre.
Y la Argentina, agotada de conflictos sin salida, necesita exactamente lo contrario.