El director ejecutivo Esteban Leguízamo afirmó que el Instituto comenzó a regularizar deudas recientes, negó una crisis estructural y garantizó la continuidad de las prestaciones.
El PAMI informó que inició un proceso de normalización de pagos tras una deuda acumulada en los últimos meses, negó una crisis estructural y aseguró la continuidad de las prestaciones, según un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El director ejecutivo, Esteban Leguízamo, sostuvo que los reclamos de prestadores corresponden mayormente a deuda corriente de pocas semanas, propia del sistema, y remarcó que al 31 de marzo los vencimientos fueron cancelados.
“Quiero llevar tranquilidad a nuestros afiliados, la provisión de medicamentos no va a tener ningún problema y la deuda con farmacias de medicamentos está al día”, insistió.
La declaración se produjo luego de que cámaras prestadoras reclamaran una deuda, que comenzó a regularizarse esta semana con un giro de $150 mil millones del Ministerio de Economía. Desde el Gobierno aseguran que la situación se normalizará en el corto plazo, aunque persisten las tensiones con parte del sistema de atención.
En ese sentido, en el Ministerio de Salud aseguraron que los primeros impactos comenzaron a verse este miércoles y que la decisión de la cartera es regularizar la situación en el corto plazo para garantizar previsibilidad en el sistema. “Lo que queda por ordenar es, en su gran mayoría, deuda corriente de pocas semanas, propia del funcionamiento habitual”, aseguraron.
El desafío fiscal de PAMI y la dependencia del Tesoro
PAMI es la obra social más grande del país y se financia con los haberes jubilatorios y de pensionados. Sin embargo, dado su tamaño de aproximadamente 5.300.000 afiliados, históricamente dependió de la asistencia del Tesoro de la Nación, pero eso comenzó a verse interrumpido a finales del año pasado.
En un contexto de recaudación a la baja, el Ministerio de Economía empezó a restringir algunas transferencias para mantener el superávit fiscal.
En números, de acuerdo a un informe publicado la semana pasada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos para prestaciones de la obra social estatal cayeron un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al mismo período en 2025.