El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) llega este jueves al recinto del Senado y el oficialismo da por hecho que conseguirá convertirlo en ley. En la Casa Rosada, sin embargo, el objetivo va más allá de una votación sin sobresaltos: el presidente Javier Milei busca que la Argentina sea el primer país del bloque sudamericano en ratificar el tratado, en una carrera política y simbólica que mantiene “cabeza a cabeza” con Uruguay.
La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y, de aprobarse en la Cámara alta, quedará definitivamente ratificada. El tema figura como primer punto del temario de la sesión prevista para este jueves desde las 11:00, que también incluye el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la discusión de una reforma de la Ley de Glaciares.
En un principio, La Libertad Avanza tenía planificado llevar el acuerdo Mercosur-UE a votación en la sesión convocada para el viernes, junto con el proyecto de reforma laboral. Pero en las últimas horas la bancada conducida por Patricia Bullrich recibió la directiva de modificar el cronograma y adelantar el tratamiento al jueves. La explicación interna apunta a un factor externo: el Parlamento uruguayo aceleró el trámite y se encamina a ratificar el acuerdo en esta misma jornada, lo que amenazaba con frustrar la narrativa que Milei pretende instalar en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa.
El Presidente quiere presentarse ante el Congreso con una “medalla” política: mostrar que su Gobierno fue el primero del Mercosur en dar el paso decisivo para avanzar con un pacto comercial considerado histórico por su alcance. En la estrategia comunicacional del oficialismo, esa foto encaja con el tono triunfalista que Milei planea para inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias y respaldar su ofensiva de reformas.
La propuesta que ratifica el acuerdo entre Mercosur y UE establece la reducción y/o eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, con un impacto especialmente favorable para exportaciones agropecuarias desde el Mercosur. También introduce reglas para flexibilizar el comercio de servicios entre ambos bloques.
En Diputados, el proyecto fue aprobado el 12 de febrero con una mayoría holgada: 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. En el Senado, los operadores del oficialismo esperan un resultado similar. Según el conteo que circula en los pasillos parlamentarios, el Gobierno podría reunir entre 40 y 45 votos —muy por encima del piso de 37 necesario— con el respaldo del PRO, la UCR y aliados provinciales. Además, recuerdan que en la Cámara baja el bloque peronista/kirchnerista de Unión por la Patria mostró fisuras y algunos legisladores acompañaron el texto.
Mientras tanto, del lado europeo el tratado enfrenta obstáculos institucionales. El Parlamento Europeo decidió girarlo al Tribunal Superior de la UE para que evalúe su legalidad, un proceso que podría extenderse alrededor de dos años. Paradójicamente, el impulso para esa maniobra provino de espacios de derecha con los que La Libertad Avanza suele identificarse en afinidad ideológica.
Aun así, la votación en Sudamérica no es irrelevante para el cronograma real de aplicación. La aprobación del acuerdo por cualquier país del Mercosur abre la puerta a que la Comisión Europea active una puesta en marcha transitoria y parcial. Alemania aparece entre los países que respaldan esa alternativa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya deslizó que el bloque está listo para avanzar en esa dirección cuando exista la primera ratificación formal de un país sudamericano.
En esa ventana se explica la urgencia del Gobierno argentino. Milei apuesta a ser el primero en habilitar esa instancia y, por eso, ordenó reorganizar el plan legislativo apenas tomó nota de que Uruguay podía “arrebatarle” la primacía.
Brasil y Paraguay estiman tratar la ratificación durante marzo. En cambio, el gobierno uruguayo de Yamandú Orsi —ubicado en las antípodas ideológicas de Milei— activó el trámite con mayor rapidez y dejó el tema listo para la definición en esta semana.
En Uruguay, la comisión especial encargada de analizar los detalles del tratado emitió dictamen favorable con los votos del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC). Luego, el Senado uruguayo lo aprobó el miércoles y la Cámara de Diputados prevé votarlo este jueves.
La decisión de la Casa Rosada de adelantar la discusión en el Senado argentino hizo que ambas definiciones —la del Senado en la Argentina y la de Diputados en Uruguay— se produzcan el mismo día. Ese cruce de calendarios convirtió un trámite parlamentario en una pulseada regional. En el oficialismo entienden que la disputa tiene alto valor político: Milei intenta presentarse como el líder que empuja la apertura comercial y la “inserción” de la región en el mercado europeo, mientras Uruguay busca no quedar detrás en un acuerdo que se vende como estratégico.
El contexto de sesiones también alimenta la sensación de fortaleza del oficialismo en la Cámara alta, que se siente empoderado tras la primera votación de la reforma laboral (que el viernes podría alcanzar sanción definitiva) y luego de un reordenamiento interno que desplazó al kirchnerismo de posiciones clave en el esquema de conducción del Senado.
Luego de más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay. Se lo considera histórico porque configura una de las mayores zonas de libre comercio del planeta: abarcaría unos 700 millones de habitantes y representaría cerca del 20% del PBI mundial.
Hoy, el intercambio entre ambos bloques supera los 100.000 millones de euros anuales. De acuerdo con estimaciones habituales en comercio internacional, cuando el acuerdo entre en plena vigencia ese flujo podría crecer entre 30% y 35% en el mediano plazo.
El corazón del tratado está en la desgravación arancelaria. Por el lado del Mercosur, se plantea la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones hacia la UE. Por el lado europeo, se prevé una apertura gradual del Mercosur para productos industriales provenientes del bloque comunitario. En ambos casos, los plazos son escalonados: hasta 10 años para buena parte de las reducciones vinculadas a exportaciones del Mercosur y entre 15 y 30 años para sectores sensibles en la apertura industrial, con especial foco en la industria automotriz.
Para la Argentina, la apertura europea sobre productos agrícolas aparece como el beneficio más citado. Con un mercado de 450 millones de consumidores, la UE figura entre los mayores importadores agroindustriales del mundo. Sus compras anuales rondan los u$s 200.000 millones, pero la participación argentina se ubica cerca del 3%, lo que deja margen para expandir ventas si se reducen barreras de acceso.
Uno de los capítulos más sensibles está en la carne bovina. Se proyectan nuevas cuotas y una rebaja progresiva de aranceles que, según lo planteado, podría llevarlos al 0% en el caso de la cuota Hilton. Hoy los aranceles se ubican, según el país, entre 20% y 30%.
Del lado inverso, el Mercosur liberaría el 91% de sus importaciones desde la UE. Allí, el impacto principal recaería en la industria europea, con la automotriz como uno de los rubros con horizonte de apertura gradual.
El acuerdo también incorpora compromisos que exceden lo estrictamente arancelario. Incluye garantías de seguridad jurídica para inversiones europeas en servicios como finanzas, telecomunicaciones y transporte. Habilita además la participación de empresas de ambos bloques en licitaciones gubernamentales en igualdad de condiciones y establece compromisos en materia de sostenibilidad y medio ambiente.
Pero las resistencias dentro de Europa son fuertes y atraviesan tanto a países como a sectores productivos. En el Parlamento Europeo, Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda se ubicaron entre quienes objetaron el avance del tratado, con argumentos proteccionistas vinculados a la defensa de sus sectores agrícolas ante una eventual mayor importación de carne desde América del Sur.
Esa tensión es parte del trasfondo de la decisión de enviar el texto al Tribunal Superior de la UE para una revisión de legalidad, una maniobra impulsada por el bloque “Patriots” dentro del Parlamento Europeo, con influencia de partidos de derecha —entre ellos, se destacó el español VOX—. El efecto práctico, más allá del debate jurídico, es demorar la entrada en vigencia.
En ese escenario, el atajo de una implementación parcial y transitoria, activada por la ratificación de un solo país del Mercosur, cobró centralidad. De ahí que el Gobierno argentino haya acelerado el trámite durante las sesiones extraordinarias —primero en Diputados y ahora en el Senado— y de ahí también que Milei haya convertido una votación legislativa en un objetivo político de primer orden: ganarle a Uruguay la condición de “primero” y plantarse ante Europa como referencia regional en la agenda de apertura comercial.