El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional será tratado este miércoles 11 de febrero en el Senado de la Nación, en el marco de la sesión extraordinaria convocada por el oficialismo. La jefa del bloque del oficialismo en Senadores, Patricia Bullrich, anunció que ya se cuenta con un acuerdo “en el 95 %” de los puntos del proyecto, aunque algunos capítulos aún generan resistencias y debates en el arco político y sindical.
La reforma laboral es una de las iniciativas centrales del Ejecutivo para este año, junto con otras leyes económicas y fiscales que buscan “modernizar” el mercado de trabajo y promover la formalización del empleo. Tras varias semanas de negociaciones entre el oficialismo y bloques “dialoguistas” de distintas fuerzas provinciales y nacionales, se habilitó la convocatoria a sesión especial para discutir y votar el texto en el Senado.
Bullrich, en declaraciones a la prensa, sostuvo que prácticamente ya se cerró el 95 % de los puntos, aunque evitó adelantar el contenido de los cambios, señalando que estos serán dados a conocer directamente en el recinto al momento de la discusión parlamentaria. “La ley se va a conocer el día que la estemos discutiendo”, afirmó la senadora.
Además de Bullrich, firmaron el pedido de sesión legisladores de distintas fuerzas que acompañan al oficialismo, incluidos representantes del Luis Juez (Frente Cívico) y de bloques provinciales como Camau Espínola (Unidad Federal-Corrientes), entre otros.
Si bien hay un amplio consenso sobre la mayoría de los cambios propuestos, el llamado “capítulo fiscal” del proyecto —especialmente lo vinculado con la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades y su impacto en la recaudación provincial— continúa generando disputas y negociaciones con gobernadores y representantes territoriales.
Bullrich señaló que esa discusión específica “se está dando entre el ministro del Interior, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y los gobernadores”, en alusión a las tratativas para compensar la eventual pérdida de recursos que podrían sufrir las jurisdicciones locales ante una rebaja de este tributo.
Aunque el texto final que será debatido el miércoles se conocerá en el recinto, versiones preliminares y análisis sobre el proyecto revelan que la reforma apunta a una actualización integral de las normas laborales, con medidas orientadas a:
Reducir costos laborales y cargas para las empresas, con mecanismos como el pago de indemnizaciones en cuotas para pymes.
Simplificar la relación entre empleadores y trabajadores, limitando la judicialización de conflictos y agilizando la aplicación de convenios.
Modernizar la legislación vigente, con cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y otros cuerpos normativos que rigen el empleo.
Organismos empresariales y sectores del oficialismo argumentan que estas modificaciones son necesarias para fomentar mayor formalización del empleo y dinamizar la generación de puestos de trabajo, especialmente en un país con elevados índices de informalidad en décadas recientes. Las propuestas buscan también atraer inversiones y reducir cargas que, según sus defensores, actúan como barreras para la creación de empleo.
La discusión parlamentaria llega en un contexto de alta conflictividad sindical. Sectores del movimiento obrero han anunciado medidas de protesta si la reforma avanza sin cambios significativos en tópicos considerados sensibles, como indemnizaciones, convenios colectivos y derechos adquiridos.
La CGT (Confederación General del Trabajo) y otros gremios anticiparon planes de paro y marchas en rechazo de la iniciativa tal como está planteada, advirtiendo que podría debilitar derechos laborales históricamente garantizados.
La jornada del miércoles 11 de febrero será decisiva en el calendario legislativo argentino. La aprobación en general de la reforma laboral —o un eventual retroceso o modificación— determinará no solo la implementación de nuevas reglas laborales, sino también el clima político del semestre, en el marco de un Congreso de mayoría oficialista pero con matices y exigencias de consensos.
El debate promete ser largo y con repercusiones en el mundo del trabajo, la economía formal y la relación entre el Estado, sindicatos y empleadores.