La senadora nacional Patricia Bullrich anunció que el tratamiento de la Reforma Laboral en el recinto del Senado fue programado para el próximo 10 de febrero de 2026. La definición de esta fecha se produjo tras una serie de negociaciones para establecer el cronograma de las sesiones extraordinarias, que darán inicio formalmente el 10 de enero.
De acuerdo con la planificación oficial, este debate será el cierre de una primera etapa legislativa que incluye el tratamiento previo del Presupuesto 2026 y leyes impositivas. El esquema de trabajo presentado por el oficialismo contempla que, tras el comienzo del año parlamentario extraordinario, se conformen las comisiones necesarias para emitir los dictámenes correspondientes.
Bullrich detalló que el objetivo es avanzar de manera secuencial, priorizando el equilibrio fiscal antes de abordar la “modernización” de las leyes laborales. Según la legisladora, la estrategia busca consolidar los apoyos de los bloques aliados para asegurar la aprobación del paquete de reformas en el corto plazo.
Ante las críticas de los sectores gremiales y los resultados del Consejo de Mayo, la jefa del bloque oficialista ratificó la determinación del Gobierno de no dar marcha atrás con el proyecto. La senadora sostuvo: “nosotros podemos escuchar opiniones pero también tenemos una decisión de hacer una reforma laboral y la vamos a llevar adelante”.
Con esta frase, Bullrich descartó la posibilidad de aceptar modificaciones que alteren la estructura central de la normativa, a pesar de la resistencia manifestada por la CGT.
La confirmación de la fecha se da en un clima de alta tensión parlamentaria con los bloques opositores. El senador José Mayans, presidente de la bancada de Unión por la Patria, cuestionó duramente la conformación de la comisión de Trabajo y la celeridad que el oficialismo pretende imponer al proceso.
En medio de un debate por la integración de los cuerpos legislativos, Mayans expresó su indignación afirmando que los representantes del Gobierno “hacen lo que se les cantan las pelotas”, evidenciando la falta de consenso respecto a las formas reglamentarias.
Finalmente, la administración nacional apuesta a que esta reforma sea un motor para la reactivación económica y la generación de nuevos puestos de trabajo. Bullrich fundamentó la urgencia de la medida definiéndola como “una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar”.